Un grupo compuesto por Madres de Plaza 25 de Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos y querellantes en causas por terrorismo de estado pidieron al juez federal Marcelo Bailaque que extienda el plazo concedido a la fiscal Mabel Colalongo para fotocopiar y digitalizar el Archivo Intermedio de la provincia. La documentación contiene información valiosa ya que fue redactada por el personal de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura. El plazo de 15 días otorgado por Bailaque para concretar el trabajo vence mañana, y recién pudo ser duplicado y escaneado solo el 10 por ciento del material.

"Los organismos de derechos humanos venimos bregando y trabajando hace muchísimos años para que se concreten los juicios. Después de treinta y tres años de impunidad, exigimos que se habiliten aquellas acciones tendientes a recopilar pruebas. El grave hecho de que a poco de iniciarse los juicios solo se aportó la mínima parte de la documentación existente en el archivo (después de innumerables obstrucciones) se vería doblemente agravado limitar una resolución judicial que decía explícitamente que se autorizaba el Ministerio Público Fiscal a fotocopiar toda la documentación existente en el archivo", reza la presentación judicial.

El escrito recuerda de igual modo que "víctimas, familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y luchadores por la verdad y la justicia, que con su compromiso inquebrantable con la memoria hicieron posible la llegada a esta instancia largamente postergada, vemos con muchísima preocupación la larga cadena de dificultades para el acceso al llamado Archivo Intermedio", en referencia a la documentación que la provincia mantiene reservada y que data de los últimos cincuenta años, en la que obviamente se incluye la correspondientes a los años 70.

Las organizaciones firmantes remarcan en tanto que "atendiendo a que la cantidad de documentación existente imposibilita su copia en el plazo estipulado, resultando la disposición de su Señoría una incomprensible limitación de los derechos de las víctimas a contar con toda la documentación posible acerca de los crímenes más graves que ocurrieran en nuestro país y considerando la importancia de la documentación existente en el Archivo Intermedio como prueba en las causas por violaciones a los derechos humanos, solicitamos que se revoque el plazo fijado y se autorice a la fiscalía a utilizar el tiempo necesario para cumplir con el copiado de toda la documentación conforme a lo establecido en la resolución original".

Esto en referencia al fallo firmado por el juez federal Carlos Vera Barros, que ordenó al Ministerio de Gobierno santafesino el libre acceso a la documental en cuestión por parte del personal de la fiscalía federal a cargo de Colalongo.

"Por todos estos motivos expuestos solicitamos que se respete la resolución que indica que la fiscalía puede obtener copia de la totalidad de la documentación obrante en el archivo". La presentación judicial está firmada por Elsa Massa, Matilde Toniolli, Norma de Vermeulen y Noemí de De Vicenzo por Madres de Plaza 25 de mayo, Lilian Echegoy y Elida Luna por Familiares, Oscar Lupori por el MEDH y Olga Moyano como querellante.