"Eduardo Costanzo llegó a la redacción del diario en el invierno de 1992 y le pidió a la secretaria entrevistarse con un periodista. Lo atendió Reynaldo Sietecase, quien publicó por primera vez cuál había sido el destino final de los 14 prisioneros asesinados en La Intermedia", indicó el editor de Rosario/12, Pablo Feldman, en el juicio oral y público contra algunos de los responsables de la Quinta de Funes. En el público, dos familiares de esos prisioneros se tomaban la mano, afectados por el relato. Feldman se refirió en primer lugar a la entrevista que realizó el periodista José Maggi a Costanzo, en enero de 2008. Allí, el integrante de la Patota identificó el circuito de centros clandestinos de detención, así como sus responsables.

A Feldman le hizo dos preguntas el defensor oficial de Juan Daniel Amelong, Héctor Silvio Galarza, quien recibió continuos apuntes en voz baja de su defendido durante toda la mañana. La primera pregunta se refirió al pedido de contraprestación económica que, según había entendido el defensor de la declaración de Feldman, habría pedido Costanzo en 1992. Pero el editor de Rosario/12 aclaró que no hubo solicitud de dinero. La otra pregunta de Galarza fue cómo se concertó la entrevista entre Maggi y Costanzo.

En la mañana de ayer declaró también el presidente del CEMIDA, coronel Horacio Ballester, quien dio el marco general de las acciones que describió como "represión ilegal" de parte de las Fuerzas Armadas. Ballester se refirió a la doctrina de seguridad nacional, a la persecución ideológica y a las acciones tanto represivas como intimidatorias que quedaban a cargo de los "servicios de inteligencia". El militar, a quien le dieron la baja en 1971 por sublevarse contra la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, puntualizó que las órdenes militares podían no cumplirse, como lo hicieron los integrantes del CEMIDA. Los abogados defensores plantearon algunas preguntas a Ballester. Galarza lo inquirió sobre su conocimiento de órdenes secretas posteriores a 1976, ante lo cual Ballester indicó que después de ser dado de baja no accedió a documentos clasificados. En ese sentido, el abogado querellante Alvaro Baella, del equipo jurídico de Hijos, dejó constancia de que el documento mencionado por Galarza no figuraba en la prueba del juicio, y por lo tanto la pregunta no tenía valor en el desarrollo de la audiencia. Antes, la fiscal Mabel Colalongo le había preguntado a Ballester si conocía el documento identificado con la sigla RC 9.1, que sí forma parte de la causa. "Sé de su existencia pero no lo conozco personalmente", indicó el testigo.

Además, el presidente de CEMIDA consideró que el 24 de marzo de 1976 no existía una "situación extrema" que justificara el accionar represivo, y advirtió además que las acciones contra lo que la dictadura llamó los "elementos subversivos" debió hacerse "siguiendo la legislación argentina y los tratados internacionales". La declaración de Ballester -quien se refirió a la doctrina francesa- dio pie a que Colalongo insistiera con el pedido de convocatoria a declarar como testigo a la periodista francesa Marie Monique Robin, quien realizó un documentado trabajo sobre la aplicación de los métodos franceses de la guerra de Argelia en la terrorismo de Estado argentino. Todos los abogados querellantes apoyaron este pedido, y la defensa manifestó su oposición. El Tribunal decidirá la semana próxima si convoca a la profesional francesa como testigo.

Ayer también declaró el periodista de investigación del diario Clarín, Daniel Santoro, quien el 20 de enero de 2008 publicó una nota a partir del documento obtenido por el periodista mexicano Carlos Osorio, donde se transcribe el testimonio de dos agentes de inteligencia argentinos en la Dirección Federal de México. Los interrogados ingresaron en enero de 1978 con nombres falsos. Manuel Pablo Funes era en realidad uno de los imputados, Juan Daniel Amelong, y Miguel Vila Adelaida era Carlos Laluf, uno de los prisioneros de la Quinta, que se encuentra desaparecido. Santoro recordó que el documento fue obtenido por su colega a partir de la ley de acceso a la información pública del Estado Mexicano.