Jorge Obeid firmó ayer el certificado de defunción de la privatización del agua en la provincia. El gobernador rubricó el decreto 243 por el cual declaró rescindido el contrato de concesión de servicios sanitarios celebrado en 1995, en las postrimerías del gobierno de Carlos Reutemann, que dejó en manos de Aguas Provinciales de Santa Fe la prestación del servicio en quince ciudades. La Gobernación dió por terminado el vínculo contractual con el grupo Suez "por culpa de la concesionaria derivada de la disolución de la sociedad, resultante de una clara y contundente voluntad del concesionario y sus inversores extranjeros de retirarse del contrato con posturas que no se ajustan a la realidad negocial y al sistema jurídico aplicable", según argumentó Fiscalía de Estado. El próximo miércoles se hará cargo del sistema Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA), la empresa con mayoría estatal (90 por ciento de las acciones).

Tal como había anticipado en exclusiva Rosario/12, ayer por la mañana Obeid puso su firma al decreto que da por concluida la concesión con APSF. Lo hizo tras confirmar que la ahora ex concesionaria había inscripto en el Registro Público de Comercio la disolución de la compañía, aprobada en la asamblea de accionistas que sesionó el viernes 13 de enero.

Ese día los propietarios de las acciones no habían aceptado retirar la demanda presentada ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) por una cifra cercana a los 180 millones de dólares, tras lo cual se cayó la operación de traspaso hacia el grupo liderado por Cerámica Alberdi. Pese a que Obeid meses antes había hablado de la posible "recuperación de la soberanía" sobre los servicios sanitarios, lo cierto es que la salida de Suez y la restitución del sistema a manos del Estado fue consecuencia de un extenso conflicto, durante el cual la provincia apostó al traspaso accionario a otro privado para completar los 20 años del contrato firmado por Reutemann y que se precipitó por la voluntad de los franceses de Suez de profundizar su batalla contra la provincia.

Con el trámite burocrático que le correspondía realizar a APSF finalizado, la provincia pudo endilgarle formalmente a la empresa en liquidación la responsabilidad por la culminación del vínculo contractual. Se resolvió además declarar la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y la garantía de operación que se encuentra depositada en el Nuevo Banco de Santa Fe (68 millones de pesos).

Hasta el martes inclusive, APSF es responsable de prestar el servicio en el área concesionada. El miércoles a las 9, Aguas Santafesinas Sociedad Anónima procederá a la recepción del servicio, de los bienes afectados al mismo y del personal necesario para lo cual contará con la asistencia del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

El 8 de febrero comenzará a funcionar la flamente empresa que se regirá por la Ley de Sociedades Comerciales cuyo 51 por ciento de las acciones serán del Estado provincial, 39 por ciento de los municipios que se sumen (al menos 6 todos administrados por el justicialismo que ya anticiparon su voluntad de participar, mientras que Rosario, gobernada por el socialismo dio practicamente por descartada esa opción) y el 10 por ciento restante de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada. ASSA tendrá un capital inicial de 100 millones de pesos aportados por el Tesoro y de inmediato se beneficiará con un incremento tarifario cercano al 35 por ciento, que la provincia se lo había ofrecido a los privados.

Entre los argumentos legales utilizados por Fiscalía que servirán para la defensa en Washington se destaca el rechazo a las imputaciones de APSF y sus accionistas "y se declara que no existe responsabilidad de la Nación al dictar las Ley 25.561" que declaró la emergencia pública y el abandono de la convertibilidad y al consecuente pesificación de las tarifas.

Más aún, el dictamen del órgano jurídico remarca que la administración provincial mantuvo en pie la renegociación contractual "que permitió al concesionario, aún antes de la Ley 25561, percibir una tarifa sin realizar las inversiones previstas contractualmente".

El pronunciamiento de Fiscalía que Obeid utilizó como sustento legal para el decreto enumera las causales de la rescisión: incumplimiento grave de las disposiciones legales, contractuales o reglamentarias; atrasos reiterados e injustificados en el cumplimiento de las inversiones y metas convenidas; reiterada violación al reglamento del usuario; reticencia u ocultamiento reiterado de información al Ente Regulador; falta de constitución y renovación de la garantía de cumplimiento de contrato y de la garantía de cumplimiento de las obligaciones del Operador; y la no cancelación de las cuotas de los préstamos internacionales.