A raíz del "éxito" de la denominada ley "No llame" que entró en vigencia semanas atrás en Capital Federal y en sólo 48 horas tuvo 600 solicitudes de inscripción, un diputado del Frente Progresista presentó un proyecto en la Legislatura para que en Santa Fe también se regule la publicidad telefónica. El legislador Pablo Javkin (Coalición Cívica ARI) propuso que en la provincia exista un registro de las personas que no quieren ser molestadas por las empresas o call centers publicitando o promocionando productos y servicios. Javkin destacó que su iniciativa, similar a un proyecto del justicialista Marcelo Gastaldi, responde a un reclamo habitual de los ciudadanos, y recordó que existe legislación similar en Córdoba, en la Comunidad Europea y los Estados Unidos. En caso de incumplir la normativa las empresas serán sancionadas según la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que en Buenos Aires fueron establecidas hasta los 100 mil pesos.

Según Javkin, el proyecto busca regular una práctica que se ha vuelto cada vez más invasiva y abusiva. "Se trata de crear un registro de 'No llamada' y que aquellos usuarios de telefonía fija y celular que no quieran recibir promociones por esas vías se anoten para no ser molestados. Lo que hace es restringir los llamados de las empresas con las cuales no opera el cliente", explicó el legislador.

En Buenos Aires, el registro recibió en 48 horas 600 pedidos de inscripción de personas que denunciaron haber sido llamadas hasta ocho veces en un día por distintas empresas.

En este sentido, el alcance de la medida no será total, ya que las empresas con las que se haya iniciado una relación de negocios, las organizaciones sin fines de lucro o las que el cliente haya autorizado previamente por escrito, podrán seguir llamando".

El diputado también indicó que, de aprobarse esta ley, las inscripciones en el registro tendrán una duración de dos años, y se renovarán por el mismo período si la persona no manifiesta lo contrario. Por su parte, las empresas deberán notificarse de los registros en forma obligatoria cada sesenta días. En caso de incumplir la normativa serán sancionadas según la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las multas establecidas pueden alcanzar los 100 mil pesos.

Al respecto el diputado de la Coalición cívica admitió a Rosario/12 que en Santa Fe "al no haber adherido aún la provincia a la Ley nacional de Defensa del Consumidor existen ciertas complicaciones al momento de aplicar sanciones contra las empresas, que siempre encuentran argumentos jurídicos para apelar. Ese es sin dudas un debate pendiente de la Legislatura que en algún momento debemos saldar". En ese sentido hay varias iniciativas presentadas, una de ellas del socialista Raúl Lamberto que busca crear tribunales arbitrales de consumo.