Las 150 familias que protestaban desde el lunes en Alvear y 27 de febrero levantaron ayer el acampe por 48 horas, tras la decisión del juez Juan Andrés Donnola de llamar a conciliación entre las partes. Eso sí, llevaron la protesta frente a la Municipalidad. Al mismo tiempo, el magistrado se declaró incompetente. El gobierno provincial mostró su disconformidad con los términos de la resolución y ratificó que hubo intentos de diálogo con los manifestantes, pero fueron infructuosos. El miércoles, el ministro de Desarrollo Social Pablo Farías había denunciado el piquete ante la fiscalía en turno, por haber dañado la sede del ministerio. Mientras tanto, el propio gobernador Hermes Binner aclaró que "no se permitirán hechos de esta naturaleza", mientras el intendente Miguel Lifschitz anunció que hasta el 31 de diciembre llevarán a la justicia todos los piquetes, para pedir "la apertura de calles y la desocupación de espacios públicos".

El piquete en Alvear y 27 de Febrero, que durante tres días interrumpió el tránsito, fue duramente criticado por funcionarios provinciales y municipales, quienes argumentaron que la protesta perseguía un fin político, y acusaron a su impulsora, Claudia Baez, referente del barrio Vía Honda, de organizarla a raíz de la suspensión del comedor que administra por irregularidades. También dijeron que todas las propuestas oficiales fueron rechazadas.

Después de suspender la protesta, Baez aclaró que se trata de una tregua por 48 horas, a la espera de la conciliación dispuesta por el juez. En tanto, desde Desarrollo Social cuestionaron la resolución y aseguraron que la van a apelar. La medida judicial planteó una "conciliación entre las partes (autoridades provinciales y municipales con vecinos) por el término de 10 días". De inmediato, los vecinos de Vía Honda decidieron irse del lugar, aunque sólo por 48 horas. Donnola también resolvió "disponer la incompetencia" del Tribunal, para "seguir interviniendo en las conductas denunciadas". Sobre este punto, Julián Galdeano, coordinador del ministerio de Desarrollo Social, indicó a Rosario/12 que es uno de los argumentos con los que se apelará el fallo de la Justicia, porque "si el juez se declara incompetente, pero por otro lado solicita medidas, es una contradicción procesal".

Para las autoridades provinciales, lo más repudiable de la protesta de los vecinos de Vía Honda fueron los destrozos efectuados por los manifestantes en el edificio. Y cuestionaron que el juez no haya intervenido en lo que consideran un delito. "Nosotros anoticiamos ante la Fiscalía la presunta comisión de delito sobre el edificio público. Esto ya no es un conflicto social, porque nosotros siempre los hemos abordado, esto es irregular: los manifestantes no se sintieron satisfechos con la decisión del Estado y recurrieron a la violencia", expresó Galdeano. Además, aclaró que "a todas las instituciones verificadas a las que concurren familias que necesitan asistencia les estamos entregando la canasta navideña, pero no entregamos dinero porque no es nuestra política".

En este contexto, las familias de Vía Honda levantaron -o mejor dicho, trasladaron- uno de los cuatro cortes que hubo en la ciudad. Los otros tres tuvieron motivos diversos. En Paraguay al 100, trabajadores contratados del Servicio Provincial de la Vivienda reclamaron el pase a planta, tras más de siete años de contrato. En tanto, la agrupación Barrios de Pie se movilizó para pedir que los puestos de trabajo anunciados por la presidenta Cristina Fernández lleguen al interior del país. Para ello, marcharon desde plaza Sarmiento hacia el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde dejaron el petitorio, que también llevaron a gobernación. En ese marco, según trascendió, Binner y Lifschitz habrían elevado una nota a la Nación por esos puestos de trabajo. El otro piquete fue en Arijón y Paraguay, donde un grupo de vecinos reclamó asistencia social.