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La justicia provincial condenó a Andrés "Pillín" Bracamonte a dos años de prisión efectiva por considerárselo autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas. A Bracamonte lo procesaron por amenazar a Pablo García, un empleado de Rosario Central, para que le entregara los recibos de cuotas sociales correspondientes al mes de septiembre de 2007. Así podía participar en la Asamblea Extraordinaria de socios que se realizaría el 1 de octubre para elegir la Junta Electoral encargada de controlar las elecciones Institucionales. Para ese fin, Bracamonte le entrega a García una lista de los socios de la zona de Granadero Baigorria, para que le entregue esos recibos. Ante la negativa, le dice "que tuviera cuidado, que sabía a que hora su hermano de 17 años iba a su casa", y ante ello García, y después de fuera varias noches a reclamarle, concurre una noche al club e imprime las cuotas y le hace entrega de las mismas".

La investigación comenzó cuando Pablo García, un analista de sistemas que trabajaba en el club Rosario Central, en la sede social de Mitre 853, presentó una denuncia en la Fiscalía Nº 6. Dentro de sus funciones tenía las referentes a la emisión de las cuotas sociales, cuyos comprobantes él entregaba a los cobradores.

El 1º de octubre de 2007 se iba a realizar la Asamblea Extraordinaria de asociados para elegir Junta Electoral que controlaría las elecciones del 11 de noviembre. Por tal motivo, García empezó a ser hostigado por Bracamonte con el fin que le haga entrega de gran cantidad de comprobantes de cuotas sociales de distintos asociados, para poder participar de la Asamblea, incluso si debían cuotas, ya que con dicho último comprobante no había forma de detectar si la persona presentaba deudas de cuotas sociales y por ello encontrarse inhabilitada para participar.

Como García se negó a entregarle los recibos en varias oportunidades, Bracamonte lo amenazó, manifestándole que "tuviera cuidado", que él sabía que su hermano de 17 años iba a su casa a determinada hora. Por temor a la amenaza sufrida, García concurrió a la sede social en la noche del 28 de septiembre, y emite nuevamente las cuotas sociales que le exigió, entregándoselas el día domingo siguiente en horas de la noche.

Ante la consulta de Rosario/12, el abogado de Bracamonte, Carlos Varela, se limitó a decir que existe "una probation interpuesta, que supongo que le van a hacer lugar, hay una apelación y no va a ir detenido".