A instancias de una profunda investigación que arrancó en octubre del 2004 y logró recopilar como nunca antes abundante documentación que prueba el fraude de empleados y clientes en perjuicio de la Empresa Provincial de la Energía mediante la adulteración de medidores de luz, el juez Carlos Carbone (Instrucción 9º) procesó ayer a 18 personas involucradas en estafas contra la EPE. Entre los procesados tres son empleados de la propia compañía energética estatal, hay un electricista colaborador y los otros 14 son comerciantes, empresarios y particulares. El delito imputado -fraude en perjuicio de la administración pública- es exarcelable a diferencia de otra jurídica que el magistrado barajó durante el proceso: la asociación ilícita, refutada por el fiscal de Cámara. Pese a que, en caso de ser condenados los procesados no irán a prisión, el juez aspira a que al menos devuelvan al erario público el monto no pagado durante los largos meses en los que abonaron una facturación sensiblemente menor a la efectivamente consumida en sus locales y domicilios. Carbone dictó además la falta de mérito a favor de otro de los involucrados y aclaró que falta resolver la situación procesal de tres implicados más.

En la resolución conocida ayer Carbone procesó a 16 de los imputados por fraude en perjuicio de la administración pública y a los otros dos por hurto simple. Entre los primeros hay dos empleados de la EPE (Humberto Muriel y Juan Carlos Spetale), un técnico electricista que colaboró con la banda (Angel Colazo). Los demás son particulares: Manuel García (propietario del lujoso restobar Puerto del Aire ubicado en las barrancas del río Paraná), Rubén Trillini (dueño de la metalúrgica Soldamet), Adrián Hanna (propietario de una fábrica textil proveedora de la marca Sólido), Miguel Rodríguez (propietario de una sucursal la fábrica de pastas Capriana), Marcelo Valente (propietario de la parrilla La Tablita), Miguel Sanchez (dueño de un ciber), Marcelo Tenaglia (otro ciber), Claudio López (propietario de Capriana), Amelia Carranza (dueña de una fiambrería).

La causa arrancó el 6 de octubre del 2004 a partir de una denuncia anónima, cuyo autor se presume fue un empleado de la EPE. Allí se hizo referencia a la colocación de medidores truchos o tocados, realización de conexiones y "todo tipo de manejos", a comercios abonados y a que funcionan como mafias o células y que se maneja a través de "pesados".

La primera denuncia concreta la presentó Maria Elena Tapia, que concurrió personalmente a la EPE el 13 de Octubre de 2004 manifestando que tenía una deuda de 6700 pesos como consecuencia de facturas impagas se puso en contacto con Humberto Muriel, quien dijo ser empleado de la EPE, y le manifestó que podía hacerle desaparecer la deuda, borrar los registros contables e informáticos de su deuda y colocarle un medidor, ya que se encontraba sin servicio eléctrico, previo pago de dos mil pesos.

En el expediente constan las actuaciones de las TOE donde se hace mención al modus operandi: nutrirse de la información necesaria de clientes morosos que no hayan regularizado la situación y respecto de los cuales la empresa hubiera dispuesto el corte de la energía para luego presentarse en el domicilio del cliente ofreciéndole solucionarle los inconvenientes existentes, de diversas manera, como por ejemplo reduciendo el monto real de la deuda, instalando medidores adulterados, suprimiendo registros informáticos y demás maniobras tendientes a reducir el registro de los consumos; todo ello previo convenir el monto de un porcentaje que era considerado tomando como referencia la deuda real.

En la voluminosa investigación encarada por Carbone se precisa el cuadro de relaciones: Muriel recoge información de deudores de la EPE para luego ofrecerles un arreglo a cambio de dinero (por lo general, la mitad de la deuda); manteniendo fluido contacto con un tal Gustavo quien sería el que realiza los trabajos convenidos. Este no pertenecería al plantel de la empresa y se moviliza en una F﷓100 color verde.

En cuanto a Spetale se menciona que su esposa se llama Rosa Acosta y tiene conocimiento de los "trabajos" paralelos que realiza su marido. Las personas mencionadas en las escuchas y relacionadas con Spetale son Daniel Ferrari, empleado de la empresa a quien Spetale refiere como su mano derecha que trabaja en la oficina de calle Mitre, como encargado de hacer descuento en determinados abonos; Angel Colazo conocido por Spetale como Cacho, es el que hace los trabajos (enganches, cambio de medidores, atraso de números); señora de Cacho, le dicen Negra, y tiene conocimiento de los trabajos que realiza su marido.

A las medidas realizadas por el personal de las TOE fueron también peritos de la UNR. Una de ellas, la ingeniera elecricista Susana Ester Bellagamba sostuvo en su informe: "Eran conexiones clandestinas muy evidentes. Me llamó particularmente la atención el procedimiento de una fiambrería que tenía consumo cero".

Su colega, Felix Julio Sesma destacó que en uno de los locales encontró "un ayuda memoria en un papelito con un dibujo que estaba en la tapa de la caja general de la casa que indicaba como se debían usar los interruptores que también se secuestraron". Otro perito, Jorge Ronco mencionó que "la conexión fue realizada en el caño embutido de bajada, rompiendo la mampostería desde el interior y colocando una nueva caja con inscripciones en lápiz indicando "trucho" y "verdadero".

Carbone continuará con su investigación. Fuentes judiciales remarcaron a Rosario/12 que la documental obtenida "es por demás de contundente. Pocas veces se consiguieron tantas pruebas para un delito como éste".