La directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, Susana Chiarotti, elevó una carta al secretario de Promoción Social de la Municipalidad, Raúl Capilla, para solicitarle que cese la promoción de La Rosa Sexy Bar en los folletos del Ente Turístico, ETUR, al considerar que esa propaganda va en contra de los compromisos que asumió el municipio para luchar contra la discriminación de las mujeres. "A la inercia ante la existencia de estos locales, debe sumarse que además, la Municipalidad de Rosario hace propaganda en forma gratuita del mismo. En el folleto Guía para el Turista, editado por el Ente Turístico Rosario (ETUR), se propagandiza, en el Rubro Gastronomía/ noche el Sexy Bar la Rosa, en un rubro destacado. Este folleto fue difundido masivamente e incluso entregado a los choferes de taxi en el curso obligatorio organizado por la Municipalidad", explica la misiva de Chiarotti, que fue elevada también a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, las directoras de las áreas de la mujer de la provincia, María Rosa Ameduri, y de la municipalidad, Silvina Santana, y también a la delegada del Inadi en Santa Fe, Stella Maris Vallejos. La carta exige que "se retire ese folleto de circulación y se evite realizar ese tipo de propaganda en todo folleto que se imprima por parte de la Municipalidad".

La argumentación de Chiarotti está basada en los compromisos asumidos por la Argentina para la represión de quienes exploten la prostitución ajena, así como en la defensa de los derechos de las mujeres. "En nuestra ciudad funciona un local denominado por sus dueños como Sexy Bar La Rosa, ubicado en Callao 125 Bis. No es un secreto para nadie en Rosario que en el mismo se pueden concretar citas para comercio sexual; que las mujeres que trabajan en el bar como alternadoras ofrecen esos servicios y que su propietario facilita estas relaciones", indicó la directora de Insgenar, que también es experta de la Organización de los Estados Americanos para los temas de violencia contra las mujeres.

La carta plantea que "la Municipalidad de Rosario pareciera no conocer estos datos que todo Rosario conoce", y puntualiza: "Por un lado, consideramos reprobable que con los fondos del municipio se haga propaganda a un espacio que promueve la prostitución y por el otro, se está contrarrestando, con esta acción, los esfuerzos que se hacen desde otras áreas, donde se trabaja con escasos fondos y sin descanso para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer".

La acusación más grave de Chiarotti apunta a que "con esta actitud se está naturalizando la existencia del proxenetismo". La especialista en derecho de familia y representante de CLADEM recordó que la Argentina "es un país abolicionista y para la legislación, quien explota la prostitución ajena no es un empresario, es un proxeneta, sancionado por el código penal".

La Rosa Sexy Bar es propiedad de Juan Cabrera, y funciona en Callao 125 bis, aunque durante años tuvo su sede frente a la Terminal de Omnibus. Además, el mismo empresario abrió el llamado Palacio Berlusconi, en Sarmiento 1112, que no cuenta con habilitación municipal. Un night club, tal el eufemismo que encontró su propietario para definirlo. En realidad, en los dos locales lo que prima es la oferta sexual.

Por eso, la difusión de ese espacio en un folleto municipal despertó preocupación en Insgenar, asociación sin fines de lucro, que posee estatus especial ante la OEA y se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Chiarotti elevó la nota al Secretario de Promoción Social por "sugerencia de la Directora del Area de la Mujer, Silvina Santana". A esta funcionaria, Chiarotti le manifestó la preocupación en forma verbal "hace varios meses".

La iniciativa de Chiarotti se enmarca en el mandato institucional de Insgenar, que incluye "la vigilancia por la plena aplicación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta Convención, actualmente incorporada a la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 22) contiene normas específicas relacionadas con la erradicación de la explotación de la prostitución y la trata de mujeres (artículo 6)".

Para Chiarotti, "la plena vigencia de estas normas en el país, y su rango constitucional, conllevan obligaciones a cargo del Estado, en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal. Las mismas se refieren a tomar todas las medidas adecuadas para evitar la promoción de la explotación de la prostitución (proxenetismo). Mas aún, la normativa relacionada con proxenetismo, exige a las autoridades la sanción y la prohibición de locales donde se promueva o facilite la explotación de la prostitución ajena".