La Justicia declaró inconstitucional la ley que estableció la expropiación del inmueble que ocupa desde hace casi nueve años el Centro Cultural La Toma, en Tucumán al 1300, donde funcionó el ex Hipermercado Tigre. El juez Pedro Boasso (Civil y Comercial de la 16ª Nominación) hizo lugar a un planteo de la Sindicatura, que objetó tanto el trámite parlamentario que tuvo la norma al ser sancionada en dos oportunidades como la viabilidad económica del emprendimiento cooperativo. "Además de la variable económica el juez debiera tener en cuenta el aspecto social de La Toma, donde funciona un comedor popular, hay diez cooperativas, más de 100 microemprendimientos y acabamos de abrir un local de la CTA. Lamentablemente este magistrado le está haciendo el juego a los intereses leoninos que quieren cobrar los síndicos a costa de la sociedad santafesina", se quejó el dirigente mercantil Carlos Ghioldi.

La ley 12.964 observada por el juez Boasso fue sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2008. El 10 de febrero del año siguiente el gobernador Hermes Binner la promulgó y declaró al inmueble en cuestión sujeto a utilidad pública. La Sindicatura objetó el trámite parlamentario, planteando que con idéntico contenido la Legislatura había aprobado otra expropiación de uso temporal en 2004, que luego fue revocada a mediados de 2007. Meses más tarde el senador socialista Juan Carlos Zabalza retomó el proyecto, volvió a presentarlo y consiguió su aprobación unánime. También se cuestionó la sustentabilidad del proyecto cooperativista, objeciones ambas que fueron aceptadas por el magistrado.

"Con esta resolución el juez demuestra una notable ignorancia de la ley ya que se declaró al predio sujeto a utilidad pública, basándose no en su factibilidad económica sino social", afirmó Ghioldi para después agregar: "Por supuesto que muchas de las variables que impulsamos en La Toma no eran las mejores siguiendo esa lógica, pero fueron necesarias para darle trabajo a 35 compañeros, para que funcionen más de cien microemprendimientos y para que haya un comedor popular que entrega menúes económicos y becas a muchos rosarinos".

Ghioldi lamentó el fallo judicial que "beneficia a tres personas que pretenden cobrar honorarios leoninos a costa de la sociedad santafesina que respaldó una y otra vez nuestro proyecto". En ese sentido el dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio anunció una "asamblea popular y multisectorial con movilización para el miércoles 17 a las 17.30 para rechazar este fallo".

En la misma línea argumental se pronunció Zabalza. En diálogo con este diario el senador socialista defendió la norma que impulsó "por su impacto social altamente positivo. Incluso allí funcionan iniciativas y organismos vinculados al Estado nacional, que no hacen otra cosa que respaldar a la cooperativa". El legislador dijo desconocer los alcances del fallo, es decir qué implicancia tiene la declaración de inconstitucionalidad.