La diputada provincial Alicia Gutiérrez presentó un proyecto para que el Ministerio de Salud inste al consejo de administración del hospital Iturraspe a interrumpir la relación contractual con el médico Roberto Oscar Sterli (padre), que finaliza este mes. El profesional se encuentra imputado por abuso sexual contra dos jóvenes pacientes del centro de salud. Sin embargo, el consejo debatía la renovación del contrato. La legisladora del partido SI en el Frente Progresista recordó que en 2008, una niña de 15 años de edad habría sido víctima del delito de abuso sexual, cuando era atendida en la guardia por el médico. En tanto, en abril del año pasado, en circunstancias similares, otra paciente -esta vez de 18 años- había sufrido el mismo delito. "El Ministerio de Salud promovió la rescisión del contrato de Sterli, circunstancia que no fue atendida por el consejo de administración", rememoró Gutiérrez. Las denuncias contra Sterli fueron develadas por Rosario/12, que también reflejó la decisión del hospital de mantenerlo en su puesto de trabajo.

"Luego del segundo hecho, y mediando la denuncia interpuesta por el equipo de abogadas de la Multisectorial de Mujeres, que asumió la representación de la madre de la víctima, fue resuelta la separación del doctor Sterli de funciones médicas, restringiéndose su actuación a labores administrativas", dicen los fundamentos del proyecto de comunicación presentado por Gutiérrez en la Cámara baja de la provincia.

Este mes termina el contrato que vincula a Sterli con el hospital Iturraspe. Por eso, la legisladora presentó su iniciativa. "Frente a esta circunstancia, y en virtud de los hechos expuestos, consideramos indispensable la culminación del vínculo entre el Estado provincial y el referido profesional", fundamentó Gutiérrez, que integra la comisión de Derechos y Garantías de Diputados. Para ella, "el Estado, como síntesis política y única de una sociedad pluralista, no sólo tiene funciones administrativas sino asimismo ético-políticas, no pudiendo mantener dentro de su cuerpo administrativo a funcionarios imputados de hechos gravísimos como los enunciados".

La primera denuncia contra Sterli fue publicada por Rosario/12 el 24 de agosto del año pasado. Allí se consignaba el detallado relato que la joven realizó en sede policial y ante las autoridades del hospital. Como Sterli es un profesional contratado, absorbido por el Estado tras la liquidación del hospital Italiano de Santa Fe, las autoridades del Ministerio de Salud consideraron que podía ser separado de su cargo, pero el consejo de administración se negó.

Sterli estaba a cargo de la guardia central del Iturraspe el 14 de abril del año pasado, cuando la paciente denunció haber sido víctima de abuso. La adolescente de 18 años contó que llegó a la guardia porque estaba congestionada, y que fue con su hija de dos años. En un momento, como la joven gritaba porque el médico comenzó a besarla en los pechos, la pequeña comenzó a preguntarle, angustiada: "Mami, ¿qué te pasa? ¿Te están haciendo buba?". La chica relató también que una enfermera ingresó en ese momento al consultorio, y el médico le hizo una seña amenazante para que no hablara.

La rescisión del contrato de Sterli no prosperó, pese a los pedidos de las autoridades de Salud, por la negativa del consejo de administración del hospital. Luego de arduas negociaciones, el director del hospital, Edgardo Monteverde, decidió separarlo de la atención a pacientes, y lo mantuvo en tareas administrativas. Pero este mes se vence su contrato, y Gutiérrez teme que el órgano de dirección del hospital lo mantenga en su cargo.

"Producto de la actuación de varias organizaciones sociales de la ciudad de Santa Fe, especialmente la Multisectorial de Mujeres, en el año 2009 se dio comienzo a una investigación sobre una serie de hechos de similar naturaleza contra Sterli", comienzan los fundamentos del proyecto que Gutiérrez presentó en la Legislatura provincial. "En el año 2008, una menor de 15 años habría sido víctima del delito de abuso sexual, tipo penal regulado en los delitos contra la integridad sexual del Código Penal Argentino", sigue la iniciativa. La niña había concurrido a la guardia del hospital provincial, con una afección respiratoria. La familia de la primera víctima presentó su queja en el hospital, pero no concurrió a la Justicia. En abril del año pasado se repitió una situación similar, con una chica de 18 años. Pero la madre de la joven no sólo lo denunció en el hospital, sino también en la policía. En el caso actúa el juez de instrucción Darío Sánchez.

Mientras tanto, Sterli continúa en funciones. Para Gutiérrez, es inadmisible. "El paradigma de los derechos humanos tuvo como uno de sus corolarios la sustitución del título de delitos contra la honestidad, bien jurídico difuso y cargado de connotaciones patriarcales y religiosas impropias de un tipo penal, por delitos contra la integridad sexual, el cual considera como sujeto de protección a los individuos (principalmente a las mujeres por las estadísticas) entendidos como sujetos de derecho", argumentó la legisladora.

Gutiérrez consideró que "la finalización de todo vínculo contractual importaría una siempre necesaria ratificación del compromiso estatal para con el paradigma de los derechos humanos, la irrestricta legalidad y la autonomía femenina en cuanto sujetos con plena disposición de su cuerpo".

La argumentación debiera resonar en el hospital Iturraspe, donde el 17 de mayo de 2007 falleció Ana María Acevedo, una joven de 20 años oriunda de Vera, de condición humilde, a la que negaron un aborto terapéutico. Ana María estaba embarazada de pocas semanas en diciembre de 2006, y sufría cáncer de maxilar. Los médicos del Iturraspe decidieron retacearle un tratamiento de rayos por su embarazo, y luego se negaron a brindarle el aborto terapéutico que le correspondía. Entonces, el director del hospital era Andrés Ellena, quien fue separado de su cargo luego del escándalo político que produjo la muerte de la joven. En un fallo inédito, el 1º de julio de 2008, el juez santafesino Eduardo Pocoví procesó por lesiones culposas e incumplimiento de deberes de funcionario público a seis profesionales del hospital.