El sábado se realizará una fiesta de disfraces en El Castillo, una antigua casona ubicada en la zona rural de la ciudad de Funes, casi en el límite con Ibarlucea. El lugar está sospechado de haber sido, durante los años de la última dictadura, un centro clandestino de detención. Los organizadores del festejo repartieron volantes por distintos sectores de la vecina localidad comunicando la celebración. En los panfletos de la convocatoria, se anuncia una "gran inauguración" en un "lugar esclusivo" (así, con s). Prometen "diversión asegurada" y sólo podrán ingresar personas mayores de edad. Abrirán las puertas ("open doors") a la medianoche.

En el volante, figura el logo de una reconocida marca de cerveza y escrito en birome de color rojo y en sentido vertical, se aclara que la entrada para los caballeros tiene un valor de diez pesos. Se fija, además, un número de teléfono de celular para efectuar cualquier "contacto". En el sector inferior, a través de un pequeño plano, se indica "cómo llegar" a la casa.

La organizadora es una joven llamada Gisela, quién aclaró que la celebración responde al festejo de su cumpleaños. No obstante, y a raíz de que en Funes no hay locales bailables no descartó la posibilidad de "seguir" con las fiestas. "Vamos a ver cómo se porta la gente", explicó. Desde hace ocho años trabaja como casera en El Castillo y el dueño de la propiedad, Mateo Provenzano, fue quien le prestó el lugar para efectuar la "gran inauguración". Durante la noche del sábado, la casa "va a estar cerrada". Sólo se utilizará el patio y el terreno, aseveró.

Al cobrar entrada, la fiesta se convirtió en un espectáculo público, por lo que se debería haber pedido permiso ante el Departamento de Comercio de la Municipalidad de Funes para concretar el festejo. Sin embargo, los inspectores comunales se enteraron del evento de la misma manera que muchos otros jóvenes de la ciudad: por medio de los panfletos.

El lunes se envió un acta de apercibimiento a la casona y mañana (viernes) se entrega una notificación en el domicilio de Provenzano, en Rosario, pidiendo que se abstenga de realizar la fiesta porque no se habían presentado los permisos correspondientes. Como los inspectores no tuvieron respuesta, le dieron intervención a la Secretaria de Gobierno, Verónica Rippa. La funcionaria notificó a la seccional local de que la fiesta no cuenta con el aval del municipio.

Pablo Villanueva, miembro de la Comisión de la Memoria de Funes, consideró que "es bastante tétrico" que se realice una fiesta de disfraces "en un lugar donde hay severas sospechas de que haya sido un centro clandestino de detención".

Villanueva se mostró molesto con los funcionarios políticos de Funes porque no han condenado la existencia de centros clandestinos de detención en la ciudad. "Si no hay por parte del gobierno y los concejales de Funes una decisión política de poner una placa recordatoria en la Quinta de Funes, donde se mató y torturó gente, mucho menos se va a hacer en un lugar que todavía está supuesto y no hay una certeza de que haya sido", cuestionó.

A su vez, Provenzano, que adquirió El Castillo en 1989, negó todas las sospechas que recaen sobre la casona y adelantó que tiene pensado convertirlo en un centro deportivo con canchas de fútbol.

En cambio, Nadia Schujman, abogada de la agrupación H.I.J.O.S. Rosario y representante de los querellantes de la causa Guerrieri Amelong, señaló que El Castillo "no está reconocido por ningún testimonio y no hay elementos que confirmen" que fue un centro clandestino. "El único que en un primer momento reconoció ese lugar fue Rafael Bielsa, pero después, en el juicio oral de Guerrieri y Amelong, reconoció haber estado en La Calamita", recordó.

De todos modos, Schujman afirmó que cuentan con la "sospecha" de que haya sido un centro clandestino. "Hay una cosa instalada entre los vecinos del lugar que lo fue. Yo no iría a una fiesta a ese lugar, pero tampoco escarcharía al que la hace", concluyó.