La Defensoría del Pueblo provincial recomendó ayer a la Secretaría de Medio Ambiente que "en forma urgente y luego de un relevamiento del terreno, se produzca una recategorización de oficio de todos los emprendimientos inmobiliarios ubicados en los municipios de Funes y Roldán". En la resolución, firmada por Edgardo Bistoletti, se intima a esos proyectos "a cumplir fehacientemente con los recaudos legales", que exigen "la presentación y aprobación del estudio impacto ambiental". Según el informe elaborado por Medio Ambiente, "sólo uno de los muchos emprendimientos" de la zona realizó los estudios correspondientes. En este marco, el funcionario advirtió en su resolución que esto genera un "riesgo potencial de que se repitan inundaciones" en Rosario. El Ombudsman provincial instó a Medio Ambiente que "proceda a ordenar la inmediata suspensión de las obras iniciadas sin la correspondiente autorización". Además, le pidió realizar "un estudio integral sobre la zona indicada", y "que se exijan similares condiciones, en toda la jurisdicción provincial, para casos análogos".

A fines del año pasado, Bistoletti recibió una queja de vecinos de Funes quienes denunciaron que numerosos emprendimientos que se están desarrollando en esa localidad no estarían cumpliendo con el requisito de realizar estudios de impacto ambiental. Además, las denuncias apuntaban a la conformación de fideicomisos para su concreción.

Según pudo averiguar este diario, las críticas de los vecinos de Funes estaban destinadas a dos importantes emprendimientos inmobiliarios. Descartada la problemática del fideicomiso por no ser la Defensoría competente en este tema, el Ombudsman provincial pidió informes a la Secretaría de Medio Ambiente santafesina.

Luego de recibir a representantes de la organización Nunca Más Inundaciones (Numain), quienes relataron su preocupación por las obras que se están realizando en el Gran Rosario sin considerar el impacto ambiental, Bistoletti firmó la Resolución 113. El titular de la agrupación, Osvaldo Ortolani, advirtió sobre la necesidad de construir un nuevo aliviador para los canales Salvat e Ibarlucea, remarcando que si esto no sucede las obras realizadas hasta el momento "se tornarán inútiles y se incrementará la posibilidad de inundaciones".

En los considerandos de la Resolución se señala en general que "esos emprendimientos inmobiliarios comprenden decenas de hectáreas que, anteriormente, estaban destinadas a explotaciones rurales o destinos similares y, ahora, se están transformando en lotes, de distintas dimensiones, para la construcción de viviendas individuales". Y recuerda que la ley 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable indica que uno de sus objetivos es "el de asegurar el derecho irrenunciable de las personas de gozar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad humana".

Bistoletti advierte que "las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos y obras o acciones que afecten o sean susceptibles de afectar el ambiente están obligados a presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente un estudio e informe de evaluación del impacto ambiental en todas sus etapas". Sorpresivamente, el informe de la cartera de Medio Ambiente señaló que varios emprendimientos habían cumplimentado el requisito a medias y otros ni siquiera habían presentado el informe. El único que lo realizó correctamente fue Haras de Funes.

Desde ese fideicomiso dieron a conocer a Rosario/12 los expedientes aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente. El que refiere al estudio de impacto ambiental fue contestado en estos términos por el ingeniero Juan Bártola, titular de la Dirección Provincial Zona Sur de la Secretaría: "Con relación a su nota de fecha 10 de diciembre de 2009, efectuada la evaluación de la documentación de referencia se determina que se han cumplimentado los datos requeridos en el anexo 3 del Decreto Nº 0101/03". El punto 2 del informe indica que "no se observan inconvenientes respecto al estudio hidrológico para determinar la no inundabilidad del área residencial, área de estructuras de servicios proyectada, y cuenta con los permisos y obligaciones emitidos por el Municipio de Funes y la secretaría de Aguas del ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente".

En tanto, el expediente de Hidráulica, fechado el 14 de setiembre de 2009, y firmado por la ingeniera Marisa Carmen Mottura, directora provincial de Protección Urbana contra Inundaciones del ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, considera que el proyecto presentado por el fideicomiso "cumple con los requerimientos solicitados oportunamente, por lo tanto se le da al mismo la correspondiente factibilidad hidráulica".

Por su parte, Marco Bertossi, representante jurídico de Gilli Inmobiliaria, la empresa que comercializa los emprendimientos Funes City y Funes Town, dijo a este diario que "todos los requisitos exigidos por las autoridades competentes fueron cumplimentados como corresponde". Según el abogado, "el proyecto de factibilidad hidráulica en los dos emprendimientos fue presentado ante las autoridades provinciales a la espera de su aprobación. Mientras que el de impacto ambiental no es exigido por la comuna de Funes, por eso no está hecho".