El socialismo propuso en el Concejo incrementar al menos un 20 por ciento la cantidad de cámaras de seguridad que había proyectado instalar el Ejecutivo con el aporte de los empresarios (140 aparatos). Según la iniciativa del bloque oficialista, en las zonas residenciales más inseguras de la ciudad el financiamiento correrá por cuenta del municipio y en otras se buscará un costeo mixto. "La definición de las áreas más complicadas quedará en manos del intendente cuando reglamente la ordenanza, en base al mapa del delito y al registro digitalizado de faltas", precisó el edil socialista Aldo Gómez, impulsor de las modificaciones. El PS buscará la semana próxima obtener consenso con las bancadas opositoras en la Comisión de Seguridad, para que en no más de dos semanas el expediente se debata en el recinto, previo paso por las comisiones de Presupuesto y Gobierno.

A raíz del escaso avance registrado en el tratamiento del mensaje de la intendencia relacionado con las videocámaras, el oficialismo decidió introducir cambios, que de prosperar, derivarán en un mayor aporte estatal. En la propuesta original el municipio iba a destinar cinco millones de pesos para la logística del sistema, mientras que las 140 cámaras a colocarse en los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad iban a ser costeados por los empresarios mediante una tasa.

En su proyecto, Gómez sugiere diferenciar las zonas comerciales de las residenciales: en las primeras se mantiene la contribución empresaria, mientras que "en las zonas residenciales donde se advierta una mayor incidencia del índice delictivo o en zonas consideradas de mayor riesgo, el costo deberá ser soportado en su totalidad por el municipio".

Cuando este diario le preguntó a Gómez cómo se determinarán las zonas residenciales en las que se instalarán cámaras financiadas por el municipio, el edil socialista respondió: "Esto deberá definirse en la reglamentación de la ordenanza, en base a parámetros objetivos como el mapa del delito y lo que surja del registro digitalizado de faltas que es una norma que acaba de aprobar el Concejo".

De acuerdo a las estimaciones del PS, de prosperar esta propuesta la cantidad de videocámaras a instalarse se incrementará "por lo menos un 20 por ciento", en un número cercano a los 30 aparatos para las zonas más alejadas del centro, con menor capacidad contributiva.

Otra opción que se plantea apunta al financiamiento mixto: en determinadas áreas, vecinos o instituciones vecinales que soliciten el servicio de videocámara para una mejor y mayor prevención, deberán compartir los costos con el municipio. Ello se concretará en los casos en que se evalúe la conveniencia o la solicitud de su implementación para mayor prevención para la seguridad ciudadana.

En esos casos, los aportes públicos y privados podrán consistir en equipamientos para infraestructura técnica y la contribución al funcionamiento del sistema en forma proporcional al área alcanzada, estableciéndose que en ningún caso, los costos para los beneficiarios, podrá superar la mitad del total que se estime.

Con estas modificaciones al mensaje del intendente Miguel Lifschitz, el oficialismo aspira a destrabar la discusión en la Comisión de Seguridad donde el arco opositor había planteado objeciones. "El lunes próximo vamos a tratar el tema con la intención de aprobarlo", admitió Gómez quien confirmó que luego el debate seguirá en Presupuesto y Gobierno.