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La agrupación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le pidieron esta semana al Colegio de Abogados de Rosario que les retire las matrículas a dos miembros del foro. Se trata de Juan Daniel Amelong y Pedro "Pili" Rodríguez.

En el caso de Amelong, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 1 por la comisión de privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados, todos ellos delitos de lesa humanidad.

En el caso de Pedro Rodríguez el mismo se encuentra procesado y elevado a juicio oral, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados, estando radicada la causa ante el TOF 1, a la espera de fecha para la realización de la correspondiente audiencia.

A pesar de la trascendencia que estas causas revisten, y de su amplia cobertura por parte de los medios de prensa, y ante la inacción del Colegio de Abogados, el Concejo Deliberante de la ciudad, en fecha 29 de julio de 2010, mediante una declaración que se presentó por ante la mesa de entradas del colegio, exhortó al colegio a "suspender la matrícula para el ejercicio de la profesión" a ambos represores, declaración que lleva la firma de la vicepresidenta 1ra del Concejo, Norma López.

Preocupados y a esta altura alarmados por esta situación es que nos dirigimos a Uds a fines exigirles que ordenen al Tribunal de Etica proceder en consecuencia, evitando equiparar a semejantes personeros con los profesionales del derecho, muchos de cuyos miembros han honrado su profesión y algunos integran los 30.000 desaparecidos.

"Pedimos asimismo que el colegio se involucre seriamente con los procesos en trámite, evaluando la presentación de una querella por los abogados víctimas del genocidio" dice el escrito presentado con el patrocinio de las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Jessica Pellegrini y Leticia Faccendini.