El equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, culminó ayer su alegato y pidió que se condene a la pena de prisión perpetua e inhabilitación perpetua y absoluta a Ramón Genaro Díaz Bessone y a José Rubén Lofiego y a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta a Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki, por ser autores del delito de genocidio.

El rasgo distintivo de este pedido que conmovió a los presentes en la sala de audiencias del tribunal federal fue el pedido contra Chomicki, ex militante devenido en miembro de la patota de Feced a quien calificaron como "como partícipe necesario en los delitos de la privación ilegal de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por su duración, en perjuicio de José Aloisio, Gustavo Píccolo, Ana María Moro de Cheroni, María Inés Luchetti de Bettanin, Elba Juana Ferraro de Bettanín, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Juan Alberto Fernández, Marcelino Panicalli, Francisca Van Bove de Espinoza, Benito Espinoza, Máximo Antonio Mur y Analía Minetti".

Asi como el delitos de "privación ilegal de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por su duración, en concurso real con el delitos de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos de Mirta Isabel Castellini, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, Adrián Jorge Sánchez y Hugo Cheroni". Todo esto "en concurso real con el delito de asociación ilícita agravada en carácter de miembro" por lo que pidieron la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

En su alegato Gabriela Durruty argumentó que "todas las víctimas cuya suerte se investiga en esta causa sufrieron delitos de tal magnitud que repugnan a la humanidad como tal. El recuerdo de tales acontecimientos se vuelve insoportable cuando ante ellos la sociedad reacciona como si fuesen un acontecer más dentro del orden corriente de las cosas, cuando en realidad ha obedecido a un orden que en nuestro presente nunca aceptaríamos voluntariamente como orden corriente de nuestra vida social. Aquello que permanezca como injusto en la memoria social tiene que ser declarado injusto en la memoria jurídica, y la memoria jurídica ha de coincidir con la memoria social", apuntó la letrada que conforma una equipo junto a Leticia Fascendini, Daniela Asinari y Jesica Pellegrini.

"Si algún sentido tiene en estos casos la sanción penal, es precisamente redignificar a las víctimas y la disuasión o prevención general negativa. El concierto de las naciones no pudo imaginar crímenes más terribles. Por eso los calificó de lesa humanidad. Por eso son imprescriptibles", señaló Durruty.

Un planteo novedoso que introdujo la querella fue solicitar además la condena por el delito de Desaparición Forzada Agravada recientemente incorporado al Código Penal cometido contra Oscar Manzur, Carlos Ignacio Kruppa, Osvaldo Matoski Severin y Alberto Tion.

Las abogadas solicitaron además al Tribunal que los penados cumplan sus condenas en cárceles comunes, al cuidado del Servicio Penitenciario Federal y desde el momento mismo del dictado de la sentencia. "Si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su condena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley".

Cabe destacar que de los seis imputados en la causa, sólo Díaz Bessone se encuentra con prisión domiciliaria, el resto permanece en libertad.

La audiencia continuará hoy a las 9.30. Se esperará la evolución del estado de salud del imputado Díaz Bessone quien a través de su abogado manifestó encontrarse enfermo. De proseguir la audiencia comenzará el alegato de la Fiscalía a cargo de Gonzalo Stara.