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En el Concejo municipal prospera el consenso para sacar una ordenanza que cubra un singular vacío normativo: Rosario no tiene un marco legal propio que regule la aplicación de agroquímicos en las parcelas cultivables que se encuentran dentro y en el linde de su planta urbana. Los proyectos en danza apuntan a instituir una autoridad de aplicación de la norma, a estipular restricciones más estrictas que las que depara la ley provincial y en promover técnicas agroecológicas que eviten el uso de plaquicidas químicos. Según el concejal Arturo Gandolla, dentro de dos semanas habrá un texto consensuado para convertir en ordenanza.

La agricultura, especialmente el cultivo de verduras y hortalizas, tiene una relevancia moderada dentro de la economía que bulle en el municipio, pero existen unidades productivas pequeñas que la expansión urbana alcanzó en los últimos años. Es el caso de algunos lotes situados al fondo de la calle Rouillón, a metros del barrio de la comunidad toba, en los que se siembra soja; de la misma manera que ocurre en los alrededores de Cabín 9.

En febrero de este año el Concejo debió paralizar las fumigaciones en campos arrendados al aeropuerto, a partir del reclamo de habitantes de los barrios Hostal del Sol, Aldea y San Eduardo que veían sobre sí las avionetas que aplicaban plaguicidas en sembradíos linderos. El decreto que frenó las fumigaciones fue una medida de urgencia, pero transitoria. El hueco normativo quedó en evidencia y desde entonces la comisión de Ecología se abocó cubrirlo.

"Nos reunimos con ONGs, con la Municipalidad y la Provincia. Queremos construir el consenso para sancionar una ordenanza antes de fin de año y tener una regulación como la tienen otros municipios", expuso el socialista Pablo Colono, presidente de la comisión.

El concejal del Frente para la Victoria, Gandolla -autor del decreto que paró las fumigaciones junto al aeropuerto- estimó que el acuerdo está avanzado y que habrá ordenanza "en no más de dos semanas". El edil remarcó que "hay muchas zonas en la ciudad que están expuestas". Y apuntó a "establecer un régimen más estricto que el de la ley provincial por la alta densidad poblacional de Rosario".

La Ley de Productos Fitosanitarios Nº 11.273 marca pautas para regular la venta, manipulación y almacenamiento de agroquímicos, y el trabajo de los aplicadores. Y para el caso de los plaguicidas más tóxicos (llamados "de banda roja", A y B) prohíbe aplicarlos en un radio de 3.000 metros, si se trata de fumigación aérea, y de 500 metros, si es con equipo terrestre. Un proyecto para modificar esa ley que había sido aprobado en Diputados perdió estado parlamentario en julio, al quedar trabado en el Senado provincial. En paralelo, existe la jurisprudencia de un fallo originado en San Jorge que impone una zona de exclusión alrededor de la planta urbana de 800 y 1.500 metros, para fumigaciones por vía terrestre y aérea, respectivamente.

"En Rosario directamente yo prohibiría la fumigación aérea, porque si la alejamos seguro que perjudicamos a otra población, como es el caso de Pérez. Propongo intentar un proceso paulatino de crear condiciones para que esos pequeños productores sustituyan esa actividad agrícola por otra que garantice el sustento del núcleo familiar pero en convivencia con el entorno", planteó Gandolla.