"Hay un uso inapropiado a las cámaras de videovigilancia, y esto contamina el sistema que recién empieza a funcionar", sentenció ayer el concejal justicialista Diego Giuliano sobre el uso de un video captado por el sistema para iniciar sumario a Emilio Crisi, un empleado municipal que participaba de un piquete. El edil solicitó la presencia de los funcionarios a cargo del Centro de Monitoreo municipal para que informen al Concejo acerca de la "persecución gremial" denunciada meses atrás por empleados de la Secretaría de Promoción Social, donde trabaja el sumariado, que además forma parte de una organización social. Es que el trabajador fue filmado a mediados de año, durante un corte de calle en 27 de Febrero y Oroño, y el municipio lo acusó de "actitud indecorosa". Tanto para Giuliano, como para los ediles Alberto Cortés (Proyecto Sur) y María Eugenia Bielsa (Encuentro por Rosario), "el carácter confidencial de las imágenes, determina que las mismas sólo pueden ser requeridas por la Justicia". Aseguran que al utilizar esa documentación como prueba para iniciar un sumario, el municipio "está violando la ley".

De esta manera, los ediles se sumaron al debate sobre el uso de las imágenes registradas por el sistema de vigilancia municipal. Por eso, Giuliano solicitó citar a las autoridades municipales a cargo del monitoreo de las cámaras de seguridad que informen sobre las causas por las que se utilizaron imágenes obtenidas por videovigilancia para iniciar un sumario administrativo a un empleado municipal que participaba del acampe de 100 días de los trabajadores de Promoción Social.

"Hemos recibido con preocupación el reclamo de un grupo de empleados de la Secretaría de Promoción Social, quienes manifestaron el inicio de un sumario administrativo por parte de la Municipalidad de Rosario, utilizando de manera ilegal imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia", dice el comunicado de Giuliano.

Por su parte, el director del Centro de Videovigilancia, Patricio Campbell, confirmó a este diario que "hubo un pedido relacionado con un sumario, solicitado por la Dirección de Investigación Administrativa. Era sobre la filmación de un piquete en la vía pública, por una denuncia del área de Jurídica". Sin embargo, prefirió no hablar sobre el cumplimiento de la ley provincial de uso de las cámaras.

En ese sentido, Giuliano aseguró que desde julio pasado a esta parte hubo dos pedidos de informes, tanto suyo como del concejal Cortés, pero ninguno de los dos fue respondido por los funcionarios del área.

La presentación del edil considera que "no corresponde que se le dé este uso al sistema, que debe estar dedicado a la prevención del delito. Es inapropiado porque va en contra de la ley 13.124: que las filmaciones son confidenciales y sólo pueden ser requeridas por la Justicia, en el marco de una investigación penal o contravencional".

Para el concejal, es "imperioso saber qué pasó y por qué se decidió desvirtuar el uso de videocámaras, cuando el sistema apenas comienza a funcionar en Rosario". "Administrar un sistema de videovigilancia requiere responsabilidad, confidencialidad y sentido común. Cuando las imágenes se usan para cualquier otra cosa que no sea prevenir delitos, intervenir para evitarlos o identificar a los responsables, se está entrando en un cono de sombras que genera dudas y pone en riesgo derechos constitucionales", apuntó Giuliano.