El fiscal federal Gonzalo Stara continuó ayer con su alegato en el marco de la causa Díaz Bessone ante el Tribunal Oral Federal Nº 2. Para el funcionario "los represores detuvieron ilegalmente, interrogaron bajo tormentos y en muchos casos eliminaron personas, derogando tácitamente la legislación con la que contaban, eligiendo el camino ilegal y clandestino".

Al enmarcar el accionar terrorista, resaltó los informes de CONADEP que integran la Causa 13 como también los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) de septiembre de 1979 en el que se señalaba que "por acción u omisión las autoridades cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos". En este sentido recordó que "la OEA emitió recomendaciones preliminares que fueron entregadas en mano al genocida Jorge Rafael Videla. En este informe -expresó Stara- dentro de los asuntos que requerían pronta atención figuraban: la situación de las personas desaparecidas, presumiendo la participación de fuerzas públicas; la situación de los detenidos a disposición del PEN; la comisión de tormentos y el régimen carcelario.

El fiscal destacó la preocupación que surge de dicho informe por "la presencia de médicos junto a las camillas de torturas, controlando el pulso a las víctimas" y expresó que esto fue señalado durante el debate por los sobrevivientes del centro de exterminio, citando como ejemplo la declaración de María Inés Luchetti de Bettanin y Marta Bertolino. Stara remarcó que "la función de los médicos no se agotaba en la sala de tortura sino que firmaban los aptos para el ingreso a la alcaidía, cumpliendo la macabra función de intentar dotar de normalidad y legalidad a las privaciones ilegítimas de libertad".

El representante del Ministerio Público recordó también "los intentos por parte de los genocidas de procurar su propia impunidad". Así enumeró cómo desde el gobierno usurpador se dictaron pseudo normas tendientes a dar de baja toda información referente a los desaparecidos, ordenándose la incineración de toda documental y dictando la mal llamada ley de pacificación nacional, que directamente reconocía la suma del poder público a las juntas. "Se trataba simplemente de una tentativa de encubrimiento", razonó.

Al referirse al centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía reseñó que se encontraba probada su existencia desde el retorno a la institucionalidad. Ya figuraba en la Causa 13 y el llamado Informe Borgonovo de 1987. El S.I. centralizó el grueso del accionar represivo en la ciudad y sus alrededores. Las audiencias continúan el martes 20 a las 9.30.