Tras la muerte de un chico de 17 años en el Instituto de Recuperación del Adolescente (Irar) el viernes pasado, trabajadores de programas para jóvenes en conflicto con la ley denunciaron "vulneración permanente del Estado provincial" a los derechos de los jóvenes. Los profesionales y talleristas de programas provinciales de encierro (sólo el Irar) y de libertad, --que pidieron reservar su identidad-- describieron una situación de "total mediocridad, falta de interés y deshumanización" de parte de los funcionarios de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, tanto para con los chicos insertos en los programas, como para con los empleados y la población. En ese sentido, denunciaron falta de recursos, que van desde las monedas para la impresión de un informe, hasta un espacio donde realizar las actividades. Aseguraron que las cinco muertes violentas de jóvenes en los últimos tres meses "no son casuales", sino que tienen que ver con los "obstáculos" que impiden el desarrollo de los programas. "Trabajamos con jóvenes victimarios (de hechos delictivos), pero hay que pensar que esos pibes primero fueron víctimas de violencia intrafamiliar, de un estado ausente y del poco valor de la educación", indicaron.

Los empleados se animaron a hablar pese a las "sanciones", que según indicaron, sufrieron otros trabajadores, y que los llevaron a pedir reserva de su identidad. "Estamos cansados que mueran chicos con los que trabajamos por no contar con las condiciones mínimas para desempeñar nuestra labor", apuntaron. Son profesionales y talleristas de los programas Libertad Asistida, Oportunidad, Casa Joven, Casa del Adolescente y también del Irar. Sobre este último, afirmaron: "Estamos esperando el cierre de este lugar con estructura carcelaria, que prometió el anterior gobierno provincial cuando asumió. Está violando todos los derechos de los adolescentes: tumberiza a los chicos", dijo uno de los empleados. "Los jóvenes que salen de ahí trasladan esa subcultura de la cárcel al afuera", agregó otro.

Para los trabajadores, el Estado "solo se preocupa de que los problemas del Irar no salgan en los medios" y aseguraron que "los pocos recursos que hay son derivados a ese establecimiento. La ley prioriza el tránsito de los jóvenes infractores con la ley por los programas abiertos (en libertad). Sin embargo, sólo uno es priorizado por la gestión: el Irar, que "acarrea múltiples denuncias en los organismos internacionales de derechos humanos por violación de los derechos del niño", apuntaron.

Los profesionales señalaron que existen "obstáculos" en cuanto a su trabajo, y relacionaron la falta de recursos para el desarrollo de los programas con las muertes de jóvenes en conflicto con la ley, entre septiembre y diciembre de este año. El caso más reciente es el Jonathan Retamoso, de 17 años, que al parecer se ahorcó con las sábanas del catre donde dormía desde hacía una semana, en una celda del Irar.

En el mismo sentido, recordaron a Emanuel Olmedo, de 18 años, que fue asesinado de un balazo en la puerta de su casa, en barrio Larrea, tras "meterse en el tema de la droga". Los trabajadores señalaron que, aunque no les corresponde, estaban en tratativas para que el chico fuera internado y contenido. "Pero pasó esto", lamentaron. También recordaron a Sergio Luján, de 19 años, que murió en un enfrentamiento con la policía en Pueblo Esther, el 2 de diciembre pasado; Elías Bravo, de 17 años, acribillado de 30 balazos, en la zona noroeste frente a un punto de venta de drogas, el 15 de octubre; y Abel Escobar, de 17 años, que el 27 de septiembre fue hallado muerto en una calle entre Cabín 9 y barrio Santa Lucía, también por problemas con las drogas. Según indicaron, todos estaban en algún programa provincial para jóvenes en conflicto con la ley.

"Cansados de la precarización", los trabajadores reclamaron mejoras y la semana pasada pidieron una reunión con las autoridades de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, que les fue negada. "Queríamos referir esto que hoy decimos, pero no nos escucharon", señalaron. En ese sentido, detallaron: "Trabajamos de manera riesgosa, sin seguros; hay trabajadores contratados que ofrecen la función profesional pero la remuneración es por administrativos". Además, aseguraron que "los sindicatos no tienen acción" sobre esos hechos. Antes de pedir el encuentro con funcionarios, una veintena de empleados armó un listado de necesidades puntuales: "Un espacio de contención para los profesionales, de supervisión externa de la práctica profesional, y de reunión semanal, que existía y se fue diluyendo; y recursos materiales permanentes", puntualizaron.

Por otro lado, se quejaron porque las autoridades de la Dirección de Justicia Penal Juvenil toman "decisiones sin una dirección clara, que reflejan el desconocimiento o el desinterés hacia la problemática. Esas determinaciones salen de funcionarios que no concursan los cargos que ocupan".