El secretario general de Luz y Fuerza Rosario, Alfredo Romero, reveló que existen "intereses al acecho" para instalar la idea de que la Empresa Provincial de la Energía debería incorporar capitales privados o privatizarse sin más ni más. El gremialista dio crédito así a la denuncia vertida esta semana por diputados del Frente Progresista y que obligó al gobernador Antonio Bonfatti a aclarar que la empresa estatal no está en venta. Manifestó acuerdo con la creación de un ente de control externo a la distribuidora, y propuso una ley que imponga en el precio de los electrodomésticos un gravamen que se destine a invertir en infraestructura de energía.

"Algunos que comparten el modelo de los '90 están atentos al fracaso y aprovechan esta situación de cortes de energía para salir a decir que hay que incorporar capital privado, hacer una empresa mixta, para después privatizarla del todo. Nada es casualidad. Todos tenemos información off the record de que hay gente interesada en instalar este tema", apuntó el dirigente lucifuercista.

Romero rechazó el proceso privatizador de los '90 que en Santa Fe avanzó sobre el Banco Provincial y la Dipos, y que encontró férrea oposición sindical en la EPE, aunque eso no evitó que "se fueran más de 500 trabajadores calificados por retiro voluntario, y se dejara de invertir en la empresa".

"Nunca vi un privado que haya puesto plata para nada. Vienen a recaudar y de ahí invierten, pero sólo en lugares que son rentables. Con el agua, el servicio se privatizó en localidades donde era negocio, y donde no lo era no lo hicieron", analizó.

El titular del sindicato que nuclea a los trabajadores de la energía en Rosario reparó en que la distribuidora estatal es apetecida por capitales del rubro. "La EPE es una de las distribuidoras más grandes del país en manos del Estado, sólo comparable con la Epec cordobesa. Por lo tanto es evidente que hay intereses al acecho y que ahora salen a la luz por esta situación que nos afecta a todos. Estaban agazapados desde antes, esperando el momento, por eso hay que estar muy atentos", dijo. "Pero si resistimos en el peor momento, ahora será mucho más fácil porque las condiciones políticas no están dadas para privatizar. El gobierno provincial opina igual, y el gobierno nacional está en la misma sintonía aunque sean de distinto color político", agregó.

Romero consideró que "el gobierno de Hermes Binner hizo una inversión fenomenal, orientada a cubrir las nuevas demandas. En Rosario hay 250 edificios nuevos por año". Y vislumbró que "quizás faltó invertir en cambiar muchos cables, sobre todo subterráneos, que son obsoletos, algunos de principios del siglo pasado". A propósito, revisó que "la decisión de congelar las tarifas estuvo bien cuando el país estaba sumergido en una crisis, pero --agregó-- las inversiones en el sistema eléctrico son muy costosas y no deben detenerse. Por eso es acertado que el gobierno nacional haya empezado a sincerar la economía real quitando subsidios en algunos sectores que pueden y deben pagar el valor real de los servicios".

El gremialista exhortó "a todos los sectores a sentarse y buscar una solución definitiva a la obsolescencia de las instalaciones, porque problemas vamos a seguir teniendo". Y cuestionó que "hay una gran hipocresía en todos, se habla mucho para la tribuna, mientras es incomprensible que se sigan aprobando construcciones de torres sin obligarlas a que tengan un generador propio. Es un costo mínimo frente al valor del metro cuadrado en Rosario".

En tren de propuestas, Romero sugirió la creación de un fondo directo para inversiones en infraestructura eléctrica a partir de un impuesto a los artefactos del hogar. "Un tributo del 1 por ciento, en un aire acondicionado de 3000 pesos, serían 30 pesos destinados a la inversión", imaginó.

Consultado sobre la incipiente decisión que surgió en el oficialismo de abrir la discusión a un nuevo marco regulatorio y a la creación de un ente contralor del servicio eléctrico, el dirigente coincidió. "Es necesario, y a la EPE le hará bien tener un control que no sea propio sino externo. Es una buena medida porque se podría fiscalizar el funcionamiento de la empresa y también controlar las inversiones y la formación de la tarifa", opinó.