José Rubén "el Ciego" Lofiego, pretende pasar sus días en una clínica; Mario "el Cura" Marcote, pidió volver a su casa para cuidar a su esposa discapacitada, y José Scortechini intenta burlar los diez años de prisión a los que fue condenado con certificados que pretenden colocar a su tos como una enfermedad que lo llevará a la muerte, en caso de seguir detenido. Esta son algunas de las estrategias de parte de tres emblemáticos represores del Servicio de Informaciones para burlar sus destinos de encierro. Los pedidos recalaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que ya rechazó las dos primeras y se abocó a estudiar la del aviador Scortecchini.

En rigor, estos planteos defensistas no revestirían gravedad alguna. Es un derecho constitucional hacerlos, si no encontraran un respaldo rayano con lo espurio en una cada vez más importante cantidad de peritos.

En este marco, pueden inscribirse los pedidos: Lofiego solicitó cumplir su condena a prisión perpetua en la Clínica del Litoral, aduciendo problemas de salud. Marcote requirió se lo autorice a cumplir su pena en su domicilio, aduciendo que su esposa es discapacitada y necesitaría de sus cuidados, por lo que debería ser eximido de cumplir su condena en cárcel común, para hacerlo en su domicilio particular, y poder así atender los problemas en la salud de su esposa.

Daniel "Lagarto" González solicitó en tres oportunidades al juez Marcelo Bailaque ser beneficiado con el dictado de la prisión domiciliaria, y esta a la espera de sus resolución.

Scortechini realizó idéntico planteo ante Tribunal Oral Nº 2, que lo condenará a la pena de 10 años de prisión efectiva a cumplir en cárcel común, en el veredicto conocido el 29 de marzo pasado. Hoy está detenido en el penal policial de la Alcaidía rosarina. Acorde la posición esgrimida por el fiscal Gonzalo Stara, el TOF II rechazó los planteos presentados por Marcote y Lofiego, por lo cual comparten suerte en el Penal de Marcos Paz. El tribunal entendió, de conformidad con el dictamen fiscal, que no se encontraba acreditada la alegada asistencia permanente que requiere la esposa del condenado Marcote, ya que éste se encuentra detenido en forma ininterrumpida desde el 7 de noviembre del 2011, debiendo por tanto entenderse que durante este tiempo ha podido valerse sin la presencia de su esposo.

En el mismo sentido puede considerarse el planteo --también rechazado﷓- que efectuó la defensa de Lofiego. En cuanto a Scortechini, el condenado solicitó la detención domiciliaria debido a alegados problemas de salud físicos y psíquicos. Si bien el fiscal Gonzalo Stara se opuso al beneficio, el TOF 2 decidió --antes de resolver-﷓ realizar una pericia, ya que la defensa alegaba que la detención de Scortechini ponía en riesgo su vida.

Para llevar adelante la misma, el TOF 2 encomendó al Cuerpo Médico Forense integrar una junta médica. Sin embargo, los dictámenes de los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia, vienen generando preocupación en todo el país, y ya provocaron distintos planteos. Sin ir más lejos, la actuación que les cupo en el juicio Díaz Bessone, donde resultó incluso necesario que se realice una audiencia para que los peritos, por teleconferencia, pudieran aclarar los alcances de sus dictámenes ante los jueces y las partes.

En este sentido, el fiscal Stara planteó al TOF II la necesidad de integrar los cuerpos forenses oficiales con un representante de la Universidad Nacional de Rosario y de la Asociación Médica, a fines de garantizar en la medida de lo posible, la objetividad de los examinadores. También pidió a los jueces controlar la pericia a partir de tres profesionales que actuarían como peritos de parte del Ministerio Público Fiscal.

Los magistrados rechazaron ambos planteos, impidiendo la integración más amplia de los forense oficiales, y reduciendo a un solo profesional el control de parte que tiene derecho a ejercer la fiscalía.

Esta decisión motivó que Stara recurriera la medida, convencido de la necesidad de garantizar, mediante las medidas propuestas, que la posibilidad del control de parte de la pericia no se transforme en una mera formalidad.

Los peritos del Cuerpo Médico Forense han sido denunciados por los jueces del TOF I de La Plata. Mario Portela, Roberto Falcone y Carlos Rozanski denunciaron por "auxilio antiético" a peritos del MCF, atento al desempeño que tuvieron en los exámenes y pericias realizadas al imputado Ibérico Saint Jean. Entre los peritos que integraron la junta médica realizada al imputado Saint Jean el 22 de febrero se encuentran como miembros del CMF Celmina Guzmán y Mónica Herrán, ambas integrantes de la junta que examinara a Ramón Genaro Díaz Bessone en la tan cuestionada pericia realizada al anciano represor.

"El tratamiento que se da al pedido de Scortechini resulta clave para ejemplificar la preocupación que genera esta estrategia defensista. Los jueces deben estar alerta para evitar que sus decisiones sean fácilmente burladas por decisiones de profesionales de la salud", opinó Stara.

Justamente, en su planteo pidió una conformación más amplia de los cuerpos forense oficiales, con "profesionales de indiscutida trayectoria", lo que resultaría una medida interesante para garantizar el estricto cumplimiento de la ley y de los pactos internacionales de los cuales nuestro país es signatario.

Otra medida necesaria, también solicitada por el fiscal, sería que los magistrados comprendan que el control de parte sólo se garantiza atendiendo un criterio amplio, esto es, sin limitar el número de peritos, máxime cuando en este tipo de juntas médicas se necesitan profesionales con experticia en más de una especialidad.

La decisión de los peritos oficiales en todo el país ha generado honda preocupación en todos los juicios, dado que una interpretación errónea de la salud de los represores podría erigirse finalmente en un nuevo bastión de impunidad para los crímenes más horribles del estado terrorista.