Eran poco más de las dos de la madrugada del 10 de mayo de 1977, cuando Augusto Duri recién llegaba a su casa, después de vender bizcochos en Cañada de Gómez. Era el trabajo que había conseguido tras ser removido de la presidencia de la biblioteca Constancio C. Vigil, por el terrorismo de estado, que buscaba "normalizar" la institución mediante una intervención. Todavía estaba despierto cuando "gente de la Armada" irrumpió en su casa para llevárselo, al igual que en las de otros siete miembros de la comisión directiva. Casa por casa, todos fueron cargados en un camión para terminar en la Jefatura de Policía de Rosario, donde fueron detenidos y torturados, hasta la Navidad de ese año. Treinta y cinco años después, Augusto, su hija Celina ﷓que tenía 11 años cuando fue sometida a interrogatorio por Telmo Alcides Ibarra, integrante de la Patota de Feced, con un arma sobre su escritorio﷓, y los ex directivos Raúl y Antonia Frutos, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fueron aceptados como querellantes en la causa que investigará esos delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal también apuntará a investigar los delitos económicos, que no tienen antecedentes en la provincia, contra el patrimonio social y cultural de la Vigil. "Vamos a ver reactivada la biblioteca", se esperanzó Augusto, orgulloso.

Pocos días antes que comenzara la feria judicial, el juez Federal Nº 4, Marcelo Bailaque, resolvió tener por parte querellante a los ex directivos de la biblioteca, en la causa Feced. También resolvió aceptar la participación de la APDH, para impulsar la investigación de los hechos que tuvieron como víctimas a los ex directivos y a la hija de uno de ellos.

En tanto, la semana que viene el fiscal de la causa, Gonzalo Stara, impulsará el dictamen para iniciar formalmente la investigación de los delitos económicos cometidos en la ex Biblioteca Popular, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad por su conexión con los hechos de los que fueran víctimas los directivos de la mutual, sobrevivientes del Servicio de Informaciones, enmarcados todos ellos en el plan sistemático de represión ilegal desplegado durante el terrorismo de estado, que incluyó numerosos delitos contra la propiedad que aún no fueron investigados.

La Vigil llegó a constituir su Editorial Biblioteca en el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado en el interior de Argentina. La última dictadura que asoló al país, la intervino el 25 de febrero de 1977. En ese entonces, se desarticuló la organización institucional, se persiguió y secuestró a sus dirigentes, se liquidó el sistema educativo con el cierre de numerosos cursos y escuelas, fueron cesanteados docentes, empleados y obreros, se interrumpieron prestaciones esenciales (guardería, servicio materno﷓infantil), se vendieron sus propiedades, se destruyeron o robaron no menos de 80 mil libros. Hechos que para la APDH y las víctimas constituyeron un "verdadero genocidio cultural" contra el patrimonio de "todos los rosarinos".

En diálogo con Rosario/12, el fiscal Stara señaló: "Solicité al juez Bailque que indague a los miembros de la denominada patota de Feced por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados cometidos en perjuicio de los ex directivos de Vigil en el ámbito del ex servicio de informaciones, y se encuentra pendiente de resolución". Al mismo tiempo, y en relación a los delitos económicos, indicó: "Propusimos la realización de una pericia contable. La investigación de los hechos que desmantelaran la experiencia de la Biblioteca Popular Constancio Vigil es una deuda de nuestra democracia. Desde la fiscalía investigaremos las responsabilidades que le cupieron a quienes llevaron adelante el desguace de la tan reconocida mutual, emblema de nuestra ciudad".

Según consta en la presentación de octubre pasado ante el fiscal Stara, el 25 de febrero de 1977, una "comisión normalizadora", apoyada por las fuerzas armadas de la policía, ingresó a la sede de la Biblioteca Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar y en abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado. Dos meses después, comenzó el secuestro de los miembros de la ex comisión directiva.

Tras ser aceptados como parte querellante, la APDH que dirige Norma Ríos en Rosario manifestó su satisfacción. "Como acompañantes de las víctima, nos parece importante que se sepa qué pasó con el patrimonio de la Vigil, luego que los represores se hicieron cargo de los destinos de la biblioteca", señaló Eliana Masegosa, abogada del organismo de Derechos Humanos. En ese sentido, aseguró que el de la dictadura fue "un plan sistemático": "Primero secuestraron a los directivos, después despojaron a la Vigil de todos sus bienes, para luego continuar con la persecución de alumnos, directivos y la quema de libros. No es casualidad lo que planteamos, y eso es lo que queremos demostrar como organismo ante la Justicia".

La APDH se presentó como querellante por ser un organismo de Derechos Humanos habilitado por el artículo 83, con la nueva modificación del Código Procesal Penal de la Nación. En ese sentido, las abogadas de la organización comenzarán con un trabajo de recolección de pruebas para "que haya una labor conjunta con el fiscal y que la ciudad pueda entender qué había en ese lugar de Alem y Gaboto".