Los concejales María Fernanda Gigliani y Héctor Cavallero (PPS) presentaron ayer un proyecto de decreto para suspender el otorgamiento de nuevos permisos de demolición y edificación para obras nuevas que superen los 10 metros de altura, en todas las zonas urbanizables de la ciudad, con excepción del área central y el primer anillo perimetral ya reguladas por ordenanzas, con el ánimo de frenar el ritmo de construcción en altura que están registrando áreas aún no reguladas como Arroyito, Alberdi y Echesortu. Desde el oficialismo, y también desde el sector inmobiliario, anticiparon su rechazo a esa iniciativa. "Mientras en Buenos Aires cayeron los permisos de construcción, acá se propone frenarlos. No estamos de acuerdo", dijo el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado. "Ir por ese lado en este momento de la economía, me parece peligroso", opinó Javier Grandinetti, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Los ediles proponen suspender los permisos por 90 días o hasta que el Concejo Municipal apruebe la regulación. "El objetivo del proyecto es evitar que avance la especulación mientras llega la regulación de un segundo anillo a medida de algunos, o lo que es peor, que ya no se les pueda aplicar la norma porque no son retroactivas", argumentó Gigliani. Desde el oficialismo, el titular del bloque socialista, Manuel Sciutto, dijo que no comparte el mecanismo de frenar los permisos por 90 días. "No nos parece que sea lo correcto", indicó el concejal, quien por otra parte confirmó que la semana próxima llegará al Palacio Vasallo el proyecto de la Intendencia para normar el segundo anillo perimetral.

Asegurado planteó que "mientras en Buenos Aires los permisos de edificación cayeron 46,3% respecto del año pasado, acá se propone frenarlos con una ordenanza. No estamos de acuerdo", dijo.

La intendenta Mónica Fein se reunió ayer con operadores inmobiliarios. Consultado el titular de la entidad que los nuclea, Javier Grandinetti, también mostró reparos al proyecto del PPS: "Si en estos momentos en que la gente que tiene un dinero para invertir se frena la opción inmobiliaria, sumado a que otros sectores de la economía vienen en desaceleración, entonces me parece peligroso ir por ese lado. Sería frenar la inversión", analizó el empresario.

Gigliani señaló que desde la comisión de Planeamiento vienen insistiendo que llegue de manera urgente la regulación del segundo anillo y de los cordones perimetrales, que actualmente están regidos por el Código Urbano de 1967, porque consideran que ante la falta de una ordenanza avanza la especulación en la ciudad. "Queremos evitar la presencia de lobbistas y empresarios que quieren torcer la voluntad de los concejales", señaló la edila.

"Hoy se puede decir que Rosario tiene dos estándares jurídicos distintos; una zona que tiene una fuerte regulación, y la otra parte de la ciudad que está regulada por una ordenanza que tiene una lógica absolutamente distinta con la que se intenta impulsar", precisó Gigliani. "Lo más importante es tener una normativa para que las reglas sean claras para inversores y vecinos", agregó.

Además de recibir las preocupaciones de los vecinos en sus recorridas por Arroyito, Alberdi, Echesortu y Fisherton, quienes observan la transformación de esos barrios que están perdiendo las características que los llevaron a vivir en esos lugares, donde ahora emergen grandes torres, los concejales tomaron como referencia un informe de la Fundación Banco Municipal entre el 2006 y el 2011.

"Allí se toma de cada distrito municipal la cantidad de permisos otorgados. Antes de discutirse la regulación del Area Central y el Primer Anillo, había una fuerte densificación en el Area Central. Luego de regularse, se observa cómo aumentaron considerablemente los otorgamientos de permisos en los Distritos Norte y Noroeste de la ciudad, que son las zonas más atractivas", explicó la edila del PPS.

"El gran debate es si queremos una ciudad de dos millones y medio de habitantes o una ciudad vivible", planteó Cavallero, para quien "no se puede seguir irresponsablemente otorgando permisos de edificación no previendo la infraestructura social básica, y el Estado tiene la obligación de tomar la iniciativa y planificar". El ex intendente agregó que en Rosario quedan solamente 600 hectáreas para área residencial, por tal motivo "la disputa viene primero de los lugares mejor ubicados estratégicamente para vivir en la ciudad".

El proyecto ingresará mañana al recinto, donde los concejales del PPS pedirán preferencia para que el lunes se pueda tratar en la comisión de Planeamiento. "Igual ya escuchamos algunas opiniones del oficialismo diciendo que no van a acompañar", dijo Gigliani a Rosario/12.