La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso solicitar un informe, a través de la Cámara Penal, a efectos de iniciar una investigación administrativa interna sobre la causa de la tragedia del colegio Ecos, de Villa Crespo, que llevó adelante el juez de Reconquista Virgilio Palud, en el último tramo. La actuación tuvo "errores formales severos", según se indicó la semana pasada. En 2011, el magistrado condenó a tres años de prisión en suspenso al conductor del colectivo en el que viajaban los alumnos del establecimiento por la ruta 11, a pocos kilómetros de Santa Fe, en octubre de 2006, cuando se produjo el accidente y murieron nueve chicos y una docente, pero nunca lo citó para darle derecho a la defensa, por lo que la Cámara Penal de Rafaela anuló el fallo. "Hay que analizar la actuación y la resolución formalmente antes de tomar cualquier decisión", dijo una fuente cercana al máximo tribunal. En tanto, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial manifestaron su preocupación por la actuación del magistrado y ayer se reunieron en Buenos Aires con los padres de las víctimas.

La noticia de que la sentencia de Palud fue anulada se conoció seis años después de la tragedia, y les cayó como un baldazo de agua fría a los familiares de los fallecidos en la colisión, que temen la prescripción de la causa, que volvió a Reconquista. "Cuando hablamos de que la causa vuelve a foja cero nos referimos a la sentencia, y a la situación de los familiares que esperaron tanto tiempo. Ahora el juez (de Menores de Reconquista, Jorge) Fernández debe citar al imputado para luego resolver", explicó a este diario el abogado de los familiares, Marcelo Parrili, quien negó que deba hacerse nuevamente la investigación. "El juez está estudiando la causa; y al parecer la Corte pidió que esto se resuelva lo antes posible", agregó.

Sobre la posibilidad de una sanción para el magistrado, Parrili dijo: "Lo estamos considerando, y desde el Ministerio de Justicia sabemos que están analizando esta cuestión". Ayer los familiares estuvieron reunidos con el ministro Juan Lewis y el procurador Jorge Barraguirre, en la Casa de Santa Fe, en Buenos Aires. Lewis señaló que la causa "se está estudiando medulosamente", y transmitió el apoyo del gobierno a los familiares de las víctimas.

La semana pasada, el ministro dijo que "las irregularidades derivaron en la nulificación de la última sentencia"; y ante la consulta de un posible juicio político al magistrado, respondió: "En estos casos hay herramientas formales, dentro de las que está el jury de enjuiciamiento y habrá que analizar qué medidas tomar. No puedo decir nada porque requiere de un análisis profundo. El jury es una de las medidas que se están evaluando".

En tanto, la decisión de la Corte de pedir información sobre la causa fue tomada anteayer, luego de los trascendidos periodísticos que daban cuenta del retraso en la causa.

Con esto, la responsabilidad del chofer del colectivo en el que viajaban alumnos y docentes, Oscar Atamañuk, deberá ser nuevamente analizada por otro magistrado, en este caso será el juez Fernández, quien debe "citar al imputado para luego dictar sentencia", según indicó Parrili. Por su parte, Sergio Levin, padre de Lucas, una de las víctimas, señaló que tras la reunión supo que "los ministros de la Corte están muy preocupados por la causa, y esperamos que se resuelva lo antes posible. Estamos esperanzados".