Los concejales del Partido del Progreso Social demostraron suma desconfianza sobre los números de la reciente adjudicación del servicio de higiene urbana y gestión de residuos, que ganó la unión transitoria de empresas Vega-Caputo para la zona norte, y retuvo la firma del grupo Pescarmona Impsa para la zona sur, por un monto global de 2019 millones de pesos por siete años. "Este monto de contrato no tiene asignación presupuestaria. Nos están mintiendo, el costo real será mucho más", afirmó Héctor Cavallero, y pidió que le muestren los papeles de la concesión. Desde el Ejecutivo, ratificaron los términos de la concesión y ponderaron su transparencia.

El ex intendente, y su compañera de bancada Fernanda Gigliani, le pidieron por carta a la jefa municipal, Mónica Fein, una serie de datos sobre la licitación, como ya lo hicieran en abril del año pasado. La lista exigida es la siguiente: "Copia de todo lo actuado en el proceso licitatorio; precio real a abonar a la fecha de la adjudicación y el aproximadamente presupuestado a la fecha de la efectiva entrega; copia del decreto de adjudicación del servicio; copia completa del contrato a firmar o firmado por las partes con todos sus anexos; y qué medidas se tomarán respecto de la deuda actual con las empresas prestatarias y cómo se resolverá la situación laboral de los empleados de la empresa Cliba SA", solicitaron en alusión a la firma del grupo Roggio que perdió la licitación y será reemplazada por UTE de la brasileña y la constructora porteña. Un menú de desconfianza del bloque opositor en el Concejo.

Según los ediles, la cotización de Vega-Caputo por $1.062,8 millones y de Impsa por $956,7 millones implica un costo mensual de 12,6 millones y de 11,3 millones respectivamente. "Nos extraña sobremanera que estos datos coinciden con lo que ambas empresas presentaron en la propuesta oficial realizada el 15 de abril de 2011: anunciaron como base de pago algo que se presentó 1 año y ocho meses atrás", señalaron. La razón que llevó a Cavallero y Gigliani a desconfiar es que desde aquel entonces, hubo dos paritarias y suba de costos de maquinarias e insumos, por lo que exigen "saber cuál es el verdadero costo tomando bases reales y no ficticias, quizás utilizadas para dar un impacto menor en la población pero que no reflejan la realidad económica de la licitación adjudicada". El bloque del PPS también quiere precisiones sobre "si se mantendrá la recolección de residuos y el barrido como hasta ahora, seis días por semana, o si existe alguna cláusula que permita disminuir esta frecuencia". Cavallero sospecha que eso es una posibilidad. "En el pliego no queda claro si acaso no está la opción de que recojan la basura tres veces por semana", dijo.

Aun sobre el supuesto de que los números anunciados oficialmente sean los reales, el concejal insiste con que ambos contratos "son impagables", pese a que la Intendencia sostiene lo contrario y afirma que las deudas con las actuales concesionarias están acomodadas. "Lo que dicen de que el aumento de la TGI permite bancar este contrato no es cierto. El aumento está contemplado en el presupuesto 2013 y así y todo prevé un déficit de 57 millones, sin contar el aumento de sueldos que habrá", aseguró Cavallero. Dijo que la respuesta que ha tenido desde la Secretaría de Hacienda es que la manera de financiar "será correr vencimientos de deuda de 2013 para el 2014, lo cual demuestra en qué contexto cae el monto de esta licitación impagable". Y posó su ojo crítico sobre el déficit financiero de arrastre: "A diciembre de 2011 eran 999 millones, y en 2012 será algo más de 200 millones, por lo que ya estamos alrededor de 1.200 millones de pesos acumulados", sumó.

La secretaria de Hacienda, Verónica Irízar, afirmó que los contratos se firmarán por los 2019 millones de pesos anunciados, y que esa cifra representó 17 por ciento del presupuesto oficial. Recordó que el primer presupuesto databa de julio de 2010 y ascendía a 1424 millones, y que los oferentes fijaron cotización en agosto de ese año. "Hubo variaciones y acorde con eso tuvimos que ajustar el presupuesto en agosto de 2011 a 1721 millones. El valor adjudicado finalmente es 17 por ciento mayor, dentro de lo previsto. Además, el proceso fue visto por la comisión evaluadora y por el Tribunal de Cuentas. Hubo una audiencia pública y el Concejo aprobó", dijo. Irízar dijo que "la certificación de noviembre pasado fue de 26 millones de pesos por un servicio inferior, y con esta nueva concesión empezará por 24 millones, a valor agosto 2011, y se irá actualizando a medida que evolucionen los costos. Todo está previsto dentro del ajuste autorizado a la tasa para que financie el servicio", dijo y destacó: "Si algo tuvo esta licitación es transparencia. Ningún otro municipio en el país pudo licitar con competencia real y salir de la contratación precaria", defendió.