Los concejales Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani (PPS) insistirán en la aprobación de un proyecto por el cual se crea el Certificado de Primera Ocupación para habilitar el uso de unidades de vivienda y comercio que no cuenten con el correspondiente final de obras. Para los ediles, la iniciativa presentada en noviembre de 2011 es importante por varios motivos. En principio, para que la recaudación del municipio sea más solidaria y no permitir la evasión ya que entre que las nuevas unidades, la mayoría de alta gama, se habitan y dan el final de obra definitivo, pasan dos años en promedio. Además, consideran que puede contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Según Cavallero, el certificado permitirá conocer quién es el dueño o el que alquila esa propiedad e incluso investigar de ser necesario el origen de los dineros. El edil agregó que el de los alquileres temporarios y su regulación son de suma relevancia para la lucha contra el delito. Los concejales plantearán, de no aprobarse en comisión, que el proyecto se trate con o sin despacho en la sesión del jueves para no seguir dilatando su debate.

El proyecto, presentado en las comisiones de Presupuesto y Gobierno por Cavalllero y por su entonces compañero de bancada Alfredo Curi en noviembre de 2011, consiste en un certificado que deberá extender la Municipalidad a los propietarios y/o inquilinos que deseen habitar unidades de vivienda y locales comerciales que aún no se encuentran registrados en el municipio por no haber obtenido el correspondiente final de obra. Este certificado será requisito indispensable para poder solicitar todos los servicios que la propiedad requiera.

El objetivo inicial de la iniciativa, que los ediles intentarán que sea tratada en comisión, y en caso de no obtener una respuesta pedirán que en la sesión del jueves el tema se trate con o sin despacho es incorporar al padrón de contribuyentes a las cientos de unidades de vivienda y comercio ﷓y por ende a propietarios e inquilinos que las habitan﷓ desde el momento mismo en que son ocupadas.

"Entre que se habitan y dan el final de obra definitivo pasan aproximadamente dos años. En ese lapso se paga en bloque por lo que se pagaba el baldío o la casa vieja donde se construyó, con lo cual se produce una inequidad tributaria brutal", indicó Cavallero a Rosario/12. El edil agregó que no es menor el dato que entre los inmuebles ocupados y no registrados se encuentran un importante número de los considerados como de alta gama.

Según el concejal, con este instrumento la Municipalidad podrá tener un registro inmediato de los propietarios e inquilinos que habitan estos inmuebles. Este registro servirá como una herramienta para la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico. "Hemos detectado unidades en edificios de alta gama en Puerto Norte que son producto del lavado de dinero. Esto permite que durante dos años no se conozca realmente quién es el propietario, o lo que es peor, por la modalidad empleada por el narcotráfico, no se conozca quién es el inquilino", aseguró Cavallero.

En este marco, el edil consideró que a partir del convenio que rubricará la Municipalidad con la Unidad de Información Financiera (UIF), "se tendrá la posibilidad de brindar informaciones rápidamente de quiénes son los que han comprado y quiénes son los inquilinos porque el narcotráfico, y otros renglones de la economía del delito, lavan dinero en ladrillos, además de los contratos temporarios que nos preocupan bastante".