La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acudió a la Cámara de Casación Penal contra la decisión del Tribunal Oral Federal nº 1 (TOF 1) de Rosario de suspender hasta agosto el juicio contra trece represores del Batallón 121 de Inteligencia que debía haber empezado el jueves 21 para dictar sentencia sobre delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención la Calamita, Quinta de Funes, la Intermedia, Escuela Magnasco y Fábrica Militar de Armas. Reclaman el inicio urgente de las audiencias, cuya suspensión configura "un caso de gravedad institucional" que viola acuerdos internacionales sobre derechos humanos y que abre la posibilidad de que haya imputados que logren recuperar la libertad antes del juicio al que deben llegar bajo prisión preventiva.

El escrito presentado ante la instancia superior de la Justicia Federal, antesala de la Corte Suprema de la Nación, lo firman el abogado Alvaro Baella, por la Secretaría de Derechos Humanos, y su colega Carolina Ibáñez, en representación de la querellante Sabrina Gullino. Reclaman que comience ya la causa "Porra, Ariel Zenón y otros sobre privación ilegal de la libertad, torturas y desaparición" en la que están procesados el referido ex agente de inteligencia, Héctor Marino González, Alberto Pelliza, Jorge Pérez Blanco, Juan Andrés Cabrera, Joaquín Gurrera, y Carlos Sfulcini; más Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano, y Eduardo Costanzo; todos miembros de la patota que perpetró secuestros, torturas y desapariciones en jurisdicción del Batallón 121 de Inteligencia. Los cinco últimos ya fueron condenados a prisión perpetua en 2010, durante el primer juicio que se realizó en Rosario por delitos de lesa humanidad. Había otro imputado en esta causa, Walter Roscoe, pero murió el año pasado por un aneurisma, en Misiones, donde cumplía arresto domiciliario.

Para que el juicio empiece, el planteo ante Casación reclama la anulación del dictamen expedido el 28 de febrero pasado, cuando el tribunal compuesto por Ricardo Vázquez, Laura Cosidoy y Otmar Paulucci resolvió aplazar el inicio de la causa en la que se investiga una segunda parte de la represión ilegal en los dominios del II Cuerpo de Ejército. El mismo TOF 1 había fijado el año pasado que el 21 de marzo comenzaran las audiencias del juicio oral y público. Pero el 28 de febrero último suspendió la medida y la corrió para el 9 de agosto. Una de las razones esgrimidas por el tribunal ha sido la simultaneidad con el desarrollo del juicio contra el ex jefe del Batallón de Arsenales 121 Fray Luis Beltrán, Rubén Cervera, el ex oficial Horacio Maderna y el ex funcionario municipal de San Lorenzo Pedro Rodríguez, por el secuestro y tormentos sufridos por el ex titular del Sindicato Municipal de esa ciudad, Manuel Casado. "Ambas audiencias deberán desarrollarse en las instalaciones de este tribunal oral, lo que torna imposible llevarlas adelante simultáneamente", dijeron los jueces. Y alegaron que continúan, además, con el trámite de otras causas. No obstante, reconocieron que tanto la causa "Porra, Zenón" y la causa "Rodríguez, Pedro" "son integradas por distintos jueces de Paraná y Rosario".

"No se comprende -reprocharon los querellantes en el recurso de Casación- cómo habiendo ocho jueces diferentes, con una Secretaría de Derechos Humanos específica, no pueden llevar adelante dos juicios de delitos de lesa humanidad en forma simultánea, más aún sabiendo que uno de ellos es un juicio donde se juzga los delitos sufridos por una sola víctima, Manuel Casado, lo que hace presumir que no demandará el nivel de complejidad de otros procesos", indicaron.

Además, Baella e Ibáñez marcaron que el TOF 1 hace tres años que no realiza un debate oral en este tipo de causas. El último concluyó en abril de 2010 y fue la primera sentencia contra represores en Rosario. Y advirtieron a la Cámara de Casación que ya en otras ocasiones se ofrecieron otros espacios físicos idóneos para realizar las audiencias de estos juicios, hasta el recinto del Concejo Municipal, incluso.

El escrito interpuesto interpreta que el aplazamiento del juicio que ya debería estar en curso representa "una verdadera situación de denegación de justicia". El riesgo latente es el vencimiento de las prisiones preventivas que pesan sobre varios de los imputados y que fueron prorrogadas nuevamente antes del 15 de marzo pasado, cuando iban a prescribir. "No es conveniente seguir prorrogando cada seis meses las prisiones preventivas porque existe el riesgo de que los imputados apelen al pacto de San José de Costa Rica y recuperen la libertad. Es imprescindible juzgarlos ya", exigió la abogada Ibáñez.