El Tribunal Oral Federal integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella dictaminará hoy, a las 10, si acepta el pedido de la fiscal general Mabel Colalongo para que se unifiquen las causas por delitos de lesa humanidad en el cordón industrial. La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó ayer la "necesidad" de suspender la audiencia por la privación ilegal de la libertad y tormentos que sufrió Manuel Casado hasta que se acumule con la causa hoy en instrucción que investiga la desaparición de 17 militantes en San Lorenzo. El abogado Gustavo Feldman, representante de la querella, adhirió al pedido de la fiscalía, aunque hizo un par de salvedades a las consideraciones de Colalongo.

"Es imposible garantizarle el derecho a la verdad en un proceso como este a Casado ni al resto de las víctimas", dijo Colalongo, quien recordó que "se trata de la única causa cuyas víctimas son en su mayoría obreros y operarios". La fiscal fue más allá, al considerar que si continúa el proceso tal como está planteado se tratará de "una apariencia" de juicio por delitos de lesa humanidad. Justamente, Feldman se distanció en este punto, al considerar que la causa "es un juicio pleno por violaciones de derechos humanos. Es un caso arquetípico". Casado era dirigente del Sindicato Municipal de San Lorenzo y fue secuestrado en plena calle, frente al banco Nación de ese ciudad, el 25 de marzo de 1976.

Las defensas se opusieron al pedido de la fiscal. En la causa están acusados el ex jefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, Rubén Cervera y el subjefe Horacio Maderna, como así también el civil Pedro Rodríguez, alias "Pili", quien llegó a reciclarse como diputado provincial del Partido Justicialista en democracia. En tanto, la otra causa por crímenes de lesa humanidad en la zona tiene como único acusado a Ramón Genaro Díaz Bessone, que fue jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1976, pero fue declarado inimputable. La defensora Rosana Gambacorta se refirió a la inacción en la causa en instrucción. "Si alguna dilación hubo en esta causa, claramente no lo fue de parte de la Defensa", afirmó. En tanto, Nicolás Foppiani argumentó que su representado --Cervera-- tenía 74 años cuando fue indagado --en 2004-- y ahora cuenta con 83. En ese momento, el público presente en la sala de audiencias no pudo evitar el abucheo. Los 37 años de impunidad permitieron que Cervera llegara a los 74 años sin haber sido indagado. Paulucci amenazó con desalojar la sala, aunque aclaró que "no era" su intención. Finalmente, nada ocurrió.

En su pedido, la fiscal además instó al Tribunal Oral Federal a recomendarle al juez federal Marcelo Bailaque, a cargo de la instrucción de la causa, que acelere la investigación. Colalongo trajo a colación una resolución de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal, firmada por Pedro David, Alejandro Sloker y Angela Ledesma, del 4 de marzo pasado, en la que exhorta "al Tribunal Oral Federal número 2 y por su intermedio al instructor (Bailaque) para que se extremen los recaudos para la concentración de las causas".

"La histórica negativa del acceso a la justicia de los obreros no la podemos replicar en este debate", dijo Colalongo, quien trazó una línea histórica en la que situó la definición del dictador Alejandro Agustín Lanusse sobre el "cordón rojo de la ribera del Paraná", que iba desde Andino hasta San Nicolás. De este modo, arguyó que los obreros de la Intersindical que se oponía a la burocracia sindical eran un objetivo "prioritario" de la represión ilegal.

En una parte de su alegato, Colalongo aseguró que la causa por delitos de lesa humanidad en el cordón industrial del Gran Rosario permite desnudar la pata civil de la represión: "Yo diría que las Fuerzas Armadas fueron la pata militar de la represión civil, del poder económico hegemónico de este país, de empresas como Bunge y Born".

En su recorrido histórico, Colalongo consideró que "en esta causa se logró mantener el poder hegemónico de las grandes empresas que representan al poder político". En ese sentido, consideró que realizar el juicio "con una sola víctima, que representa el uno por ciento, y una ínfima parte de los responsables como imputados significa violentar el derecho a la verdad de las propias víctimas y de la sociedad".

Sobre la situación de la causa aún en instrucción, que sólo tiene a Díaz Bessone como imputado, Colalongo sólo dijo: "No me voy a poner a analizar acá el escándalo de la falta de mérito en otras causas que deberían estar acumuladas de algunos de los acá imputados". Concretamente: Cervera y Maderna eran los responsables del Batallón de Arsenales pero no están acusados --al menos hasta ahora-- por las 17 desapariciones. Cervera era a la vez el intendente interventor de San Lorenzo, mientras Rodríguez se desempeñaba como asesor legal del municipio.

A su turno, Feldman adhirió al pedido de acumulación de la causa, con su propia argumentación. "El desarrollo de esta causa no pudo escaparse al estado de derecho de baja intensidad que vivimos los argentinos desde hace 30 años", dijo el abogado, quien recordó las leyes de impunidad y el "festival de designaciones" de subrogantes. "Históricamente, esta querella pidió no sólo la unificación con las otras causas del cordón industrial sino también, en el comienzo del juicio penal pleno, con todas las causas del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército".

La última palabra la tendrá hoy el Tribunal, que ya negó el pedido de la acumulación realizado por Colalongo el 14 de diciembre pasado. Ayer, Soledad Chiodín, del Espacio Memoria del Cordón Industrial subrayó que uno de los acusados, Pili Rodríguez, "es la figura política más importante del liberalismo en el cordón industrial, representante legal del sindicato de aceiteros desde 1976 hasta la fecha y uno de los interlocutores en los grandes conflictos con las aceiteras. No se puede desconocer todo eso al analizar lo que está pasando con esta causa, y por qué hay tantos intereses para garantizar la impunidad de Rodríguez".