El juez en lo Correcional, Juan Curto, reveló ayer tras las indagatorias al gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, que "ambos negaron responsabilidad a su modo, cada uno argumentó una defensa que deberá ahora verificarse". El magistrado destacó un dato importante para la investigación: "Quedó confirmada la sospecha de que eran estas dos personas las que estuvieron manipulando el ingreso de gas". Descartando así la presencia de una cuadrilla de Litoral Gas, previo al siniestro, como habían apuntado algunos vecinos.

El abogado de Miño, José Nanni, explicó: "Mi defendido trató de evitar que esta tragedia enorme fuera aún mayor". Para el letrado la actitud del gasista ayudante en el momento previo a la explosión fue para rescatar, ya que se quedó y trató de alertar sobre el siniestro. El joven declaró ayer ante la fiscal Graciela Argüelles y el juez Correccional Curto.

"Miño es un simple changarín, colaborador que prestaba asistencia con las herramientas y con lo que podía. Así que dentro de la limitada responsabilidad brindó todas las explicaciones que pudo dar", dijo su defensor, quien remarcó la "angustia que está viviendo mi cliente, que demandó mucha contención tanto del fiscal como del juez".

Nanni aseguró que Miño "nunca ingresó al edificio, sino que estaba en la calle cuidando la camioneta". "Lo que dijo es que previo a la explosión sintió olor a gas, pero negó haber sentido lo mismo al llegar al edificio antes de comenzar a trabajar". El abogado pidió "la eximición de prisión" para su cliente, quien "va constituir domicilio con ese objetivo".

En tanto ayer trascendieron algunos aspectos de la investigación: el primer reclamo del edificio fue el 24 de julio. En el acta figura el nombre de un vecino, quien dijo que se cortó el suministro de gas días después para que se haga la reparación. El consorcio contrató a un gasista -no el detenido-, que hizo el trabajo y al parecer, el 2 de agosto fue un inspector y determinó que no había pérdida y reestableció el servicio, dijeron fuentes judiciales. Sin embargo, los vecinos advirtieron que había poca presión de gas. Por lo que la administración debía contratar nuevamente a un gasista para cambiar el regulador.

Lo llamativo para los investigadores es por qué cuando llegó el primer gasista fue la empresa distribuidora del servicio la que cortó el gas y luego lo reestableció; pero el martes, cuando había que cambiar el regulador, no sucedió lo mismo. Por ese motivo, mientras el incendio intentaba ser sofocado, se demoró el corte de gas. Para responder esa pregunta, la Justicia solicitó a Litoral Gas el protocolo de actuación de la empresa.

Una de las hipótesis sobre lo ocurrido es que el gasista detenido cortó el suministro, colocó el regulador y luego se disparó la presión. Sobre esa y otras versiones trabajan el juez Curto y la fiscal Argüelles en la causa caratulada "estrago culposo agravado por el resultado muerte", que tiene una pena de un mes a cinco años de prisión. "Tenemos que encontrar las responsabilidades", dijo ayer la fiscal sobre las posibles imprudencias.

Además, desde el juzgado se confirmó que ayer hubo un allanamiento en la vivienda del gasista, donde fue secuestrado un vehículo utilitario.

Entre otros elementos de prueba que fue reuniendo el juzgado para la investigación, durante el allanamiento en las oficinas de Litoral Gas se secuestraron registros de trabajos en el edificio, listado de vehículos y personal afectado, y listado de los últimos reclamos.

Antes de las declaraciones de los detenidos, Curto señaló: "No es algo que ocurrió ayer (por anteayer) sino que venía de varios días con distintas intervenciones de Litoral Gas y de gasistas, no sólo el detenido, y eso derivó en la intervención de que tendría relación directa con la explosión".