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Un día después de haber autorizado la demolición de la torre trasera que quedó en pie en Salta 2141, el juez Javier Beltramone también habilitó a la Municipalidad a derribar el ala delantera del edificio, luego de retirar de allí, ayer por la mañana, los elementos de instalación de gas que consideró necesarios para el peritaje que será determinante en develar las responsabilidades de la catástrofe.

El magistrado, a cargo de la investigación sobre la explosión del 6 de agosto que produjo 21 muertes, heridas en 62 personas y daños de diversa índole en más de 230 propiedades, comunicó de manera oficial al Palacio de los Leones que la torre 1 del complejo de 63 departamentos siniestrado quedó "desafectada del interés judicial" y definió que "la demolición de ese sector también queda liberada".

Beltramone volvió ayer por la mañana a la zona de Salta y Oroño para realizar una última inspección en persona, junto a los peritos de las partes involucradas -Litoral Gas y los dos gasistas que habían realizado arreglos previos al estallido- y presenciar el desarrollo de los peritajes que ya iniciaron los técnicos de la compañía contratada.

Durante esa visita, los peritos retiraron los materiales considerados de interés para la investigación y que se encontraban, precisamente, en el sitio de la torre delantera. Esos elementos, como caños, reguladores y todo resto que perteneciera a la instalación de gas fueron incautados y se someterán a peritajes en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales de Mar del Plata, un centro dependiente del Conicet.

Ante esa situación, el juez autorizó a demoler, de manera manual y con el mandato de evitar implosiones y movimientos intensos que perjudiquen la estructura de inmuebles vecinos y que hasta aquí se consideran recuperables. Anteayer había habilitado la demolición de la torre 3, en el centro de la manzana y lindera con el supermercado La Gallega, en tanto que la torre 2 se derrumbó con la deflagración.

La designación de los peritos oficiales mereció cuestionamientos del abogado del gasista Carlos García, imputado por estrago culposo agravado. Hugo Bufarini planteó la recusación de la empresa GIE al considerar que su presencia en la causa conlleva "presunción de parcialidad". El abogado se basa en que dos de los clientes que figuran en el portfolio de la consultora marplatense es Techint y Tecpetrol, accionistas de origen de Litoral Gas, la compañía involucrada en el desastre.

Ayer desde el juzgado de Beltramone se ocuparon de resaltar el currículum profesional de los especialistas que GIE pone a trabajar en el peritaje. Según el detalle emitido desde Tribunales, uno es José Luis Otegui, doctor en Ingeniería Mecánica, docente universitario en las cátedras Estática del Sólido, Integridad de Equipamiento Industrial y Diseño, y Evaluación de Cañerías y Recipientes de Presión. Además, es investigador principal del Conicet. En un nivel similar de excelencia académica y profesional, se encuentran los ingenieros Jeremías De Bona, Janine Booman y Aníbal Márquez, quienes completan el equipo de peritos designados.

De aquí en más se abre un compás de 15 días en los que esos peritos podrán ser impugnados por alguna de las partes involucradas en la causa, pero mientras tanto ellos ya empezaron su trabajo.