La Justicia federal dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal elevado el mes pasado y resolvió reabrir la investigación sobre el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe Sapem. La decisión la dio a conocer ayer el organismo de la Procuración General dedicado a investigar crímenes económicos, Procelac. De esta manera, el caso es el primero en el país en revisar la "cosa juzgada irrita" en cuanto a fraudes bancarios.

La Cámara Federal de Santa Fe, integrada por Fernando Barbará, Liliana Arribillaga y Carlos Carrillo, hizo lugar al recurso de queja por retardo de justicia que había presentado el fiscal Walter Rodríguez y el titular de la Procelac, Carlos Gonella, contra lo actuado por el juez federal santafesino Reinaldo Rodríguez y la ex fiscal Cintia Gómez, quienes no pusieron empeño en reactivar la pesquisa sobre los desmanejos financieros realizados por el directorio del BPSF entre 1979 y 1991.

El fallo cuestiona al magistrado por esgrimir que "había perdido jurisdicción" para despertar el expediente. "El juez debió pronunciarse por sí o por no, en vez de negarse a hacerlo", amonestó el camarista Carrillo en el fallo, y ordenó a Rodríguez que se expida "sin dilaciones" y facilite "de inmediato las medidas requeridas por el Ministerio Público Fiscal". Tras ello, el magistrado formalizó el martes pasado la reapertura del caso. La primera medida fue pedir al Archivo General de la provincia los documentos redactados por la Comisión Nogueras, órgano legislativo que investigó el proceso de vaciamiento del banco luego privatizado en 1995. Y citó a declarar como testigos a los ex funcionarios José Foscolo y Felipe Castellanos.