El gobernador Jorge Obeid pidió disculpas a los dos jóvenes africanos que resultaron maltratados y agredidos el viernes pasado en la esquina de San Martín y Rioja a partir del procedimiento realizado por la Guardia Urbana Municipal y que comprendió la participación de policía de la guardia motorizada que depende del Comando Radioeléctrico. Obeid marcó la postura política de la provincia adversa a cualquier tipo de consideración discriminatoria y violenta, ordenó la investigación acerca de cómo actuaron los policías que intervinieron en el procedimiento que derivó en que Isaac Cuesi, liberiano, de 20 años y refugiado en la ciudad desde hace 8 meses, recibiera golpes y e insultos racistas y luego fuera llevado detenido con violencia. El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, aseguró que se sancionará a quien corresponda y dijo que de ahora en más un superior policial deberá analizar si los procedimientos en que se pida la intervención policial -al estilo de lo que sucedió con la GUM- "son legítimos". Mientras tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia elevará una denuncia ante la Justicia a partir del testimonio que recibió de Cuesi y de su compañero Steven Amoakohene, ghanés de 28 años.

Obeid recibió ayer a Cuesi y a Amoakohene acompañados por representantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes, les pidió disculpas en nombre del gobierno provincial y les explicó que dio la orden para que a través de su ministro de Gobierno se investigue y establezcan las responsabilidades policiales en cuanto a lo que ocurrió en la esquina de San Martín y Rioja.

El gobernador anunció que será la Dirección de Asuntos Internos la que investiga si hubo "excesos" por parte del personal policial y para el caso de que los hubiese cometido la GUM "tendrá que investigarlo la Municipalidad y la Justicia", ya que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia hará una presentación ante el Poder judicial y también ante el INADI.

La agresión física de la que fue víctima el joven de 20 años motivó la decisión por la que de ahora en más la policía no podrá participar en ninguna tarea que "signifique actuación directa contra cualquier vendedor ambulante o trabajador informal que esté en las calles de Rosario o de cualquier otro lugar de la provincia" si no existe la supervisión de un oficial superior para que evalúe si la actividad de quien contrata los servicios, como en este caso fue la Municipalidad, "es legítima, ilegítima, razonable o irrazonable".

Obeid recordó que durante la dictadura muchos argentinos fueron recibidos en otros países y se tuvieron que dedicar, justamente, a la venta callejera, como los dos hombres africanos, para poder sobrevivir. Fue entonces que les dio garantías que no se repetirá una situación como la que vivieron. Además se comprometió a gestionar ante la Dirección de Migraciones de la Nación para que puedan concluir con su trámite de residencia (ver aparte).

Cuando Rosúa narró lo ocurrido la semana pasada recordó que en el procedimiento de la Guardia Urbana Municipal se produjo una situación de tensión -con ellos estaban policías adicionales, dijo- y ante la orden de desalojo los dos jóvenes africanos cuestionaron esa aplicación. "Allí es donde la investigación deberá decir lo que sucedió, porque parece que hubo algún forcejeo, algún manoseo por parte de algún personal que por noticias que tenemos fue de la GUM... Se produjo un desorden y allí interviene la policía y trasladan a quienes participaban del desorden a la comisaría".

Rosúa admitió que en la detención existió una utilización de fuerza que se investiga "si excedió el uso normal o racional de la fuerza que legalmente puede desarrollar la policía y si el caso ameritaba semejante utilización". La investigación de Asuntos Internos tratará de establecer "la legalidad y razonabilidad del proceder policial" dijo el ministro de Gobierno que además quiere que se investigue en las imágenes fotográficas que muestra a Issac Cuesi cuando es subido por la fuerza a un móvil policial y tomado por el cuello. "No estoy seguro si esos rostros correspondan a personal policial o de la GUM", dijo.

El ministro marcó que las sanciones que caben a los policías si incumplieron normas legales van desde los apercibimientos hasta la pérdida del grado o del cargo. Rosúa insistió en que el personal superior policial será el que supervise y decida sobre la "razonabilidad y legitimidad o no" de los pedidos de intervención de la fuerza.

Rosúa, que ya se había reunido con Cuesi y Amoakohene el sábado pasado invitó al secretario y subsecretario de Gobierno municipal Juan Carlos Zabalza y Fernando Asegurado. En esa oportunidad comentó que Zabalza también pidio disculpas a los dos jóvenes y expresó que había ordenado una investigación dentro de la GUM.

Hoy a partir de las 10 Cuesi y Amoakohene serán acompañados por representantes del gremio de vendedores ambulantes a una reunión con el director de Habilitaciones, Gustavo Leone. Ellos quieren seguir trabajando en la esquina de San Martín y Rioja ya que dicen que allí se sienten "protegidos y contenidos" sobre todo porque el mayor hace 7 años que está allí.

Cuesi debió recibir atención psicológico ya que después de la agresión del jueves pasado el joven liberiano perdió el habla de manera transitoria.