Más de 600 autos y 2.000 motos que se encuentran secuestrados en el corralón municipal serán convertidos en chatarra desde la semana próxima, según dispone una resolución del Ejecutivo tendiente a liberar espacio en el depósito, que registra un mayor ritmo de saturación desde este año en que la Secretaría de Control y Convivencia Urbana intensificó los controles vehiculares en vía pública.

Las unidades irán a la prensa de compactación de la empresa Jit SA, adjudicataria de la licitación del servicio que el municipio requiere a medida que completa el proceso de aviso e intimación a los propietarios para que regularicen la situación por la que se les ha decomisado sus vehículos. "Es necesario avanzar con estos procesos, hemos sacado de circulación unos 600 coches por distintas irregularidades, y más de 10 mil motos desde enero", reveló el secretario de Control, Pablo Seghezzo.

La resolución 097, fechada el martes 17 por la Dirección General del Tribunal de Faltas confirma los vehículos "en condiciones de ser declarados en disposición para su compactación", luego de que sus dueños fueran "debidamente notificados en sus domicilios y por edictos, para que comparezcan e hicieran valer sus derechos según la ley provincial 11.856 y la ordenanza 7025". Con esa premisa, son 617 automóviles y 2.029 motocicletas que serán entregadas a la tarea de quitarles sus líquidos contaminantes (combustible, aceites, fluido de frenos y de baterías) para tratarlos como tales, luego al desguace, separando los plásticos de los metales, y la posterior compactación.

Estiman que serán unas 900 toneladas de chatarra por las que la empresa contratada abonará un canon al municipio para luego venderlas a fábricas que se valen de este insumo, como Acindar y fábricas metalúrgicas, y entregar al municipio una certificación del destino que le dio a esos envíos, según explicó Fernando Asegurado, secretario de Gobierno municipal. "Es menester resolver el impacto ambiental que provoca la cantidad de vehículos depositados en el predio municipal sin posibilidades ciertas de volver a la circulación por no reunir las condiciones técnico mecánicas y de seguridad exigidas por la normativa", argumenta la resolución.

Las unidades a compactar fueron decomisadas el año pasado, antes de la creación de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. Desde enero pasado, la Municipalidad desplegó a través de esta área un sistema intensivo de controles vehiculares que lleva desde entonces más de 10.000 motos confiscadas. Sólo la semana pasada los carretones municipales llevaron 645 vehículos al corralón, entre autos y motos. En el caso de estos rodados de menor porte, la progresión de decomisos fue de 1.000 en enero, 997 en febrero, 1.187 en marzo, 2.942 en abril, y 2.688 en mayo. Esto lleva a inferir que entre las motos incautadas en noviembre y diciembre, más las que lo han sido durante este mes, hoy se apiñan en el corralón de zona oeste entre 10 mil y 11 mil unidades.

Lo curioso es que la gran mayoría de los motociclistas --el 84 por ciento-- se resigna a perder su rodado una vez decomisado, y no hacer nada por recuperarlo. "Hay que ver la ecuación que cada persona hace entre el valor de la moto secuestrada y los papeles que debe presentar, porque si no tenés seguro, lo contrata y retira el vehículo; pero si no tiene licencia de conducir y tiene que pedir turno, estudiar, aprobar el examen... el tiempo corre, o si debe los aforos desde antes de 2010, cuando las agencias podían vender sin la obligación del patentamiento. Lo cierto es que el control insume recursos de personal, de dineros públicos, y es un esfuerzo grande que la sociedad hace, por lo tanto queremos cambiar esta costumbre de tenencia precaria de un vehículo", planteó Seghezzo.