Cristian Funes, el pibe de 19 años militante del Partido Progreso Social (PPS), que el pasado sábado fue víctima de un acto de discriminación ideológica por parte de la dueña del bar Manjula Crepes, ubicado en Tucumán 1216, realizó ayer la denuncia en la delegación local del Inadi. Funes, junto a otros chicos, estaba haciendo un comentario sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por una revista que habían dejado en la mesa del establecimiento, cuya titular les planteó que había un derecho de admisión, por lo que no se podía hablar de política "y menos de la mugre K". "Mi objetivo es que lo que me pasó a mí no le pase más a nadie", dijo Funes a Rosario/12. En este marco, el concejal Héctor Cavallero, presidente del PPS, le envió una carta a la intendenta Mónica Fein, solicitándole "que tome urgente intervención como representante máxima de todos los rosarinos en el claro y grosero acto de discriminación humana y política" que sufrió el militante de la Juventud del PPS. Desde la Municipalidad señalaron que de comprobarse que hubo discriminación "el lugar será sancionado".

Tras participar de los festejos en el Monumento por el triunfo de la selección nacional frente a Bélgica, Cristian y un grupo de amigos fueron a merendar al bar de Tucumán al 1200, que junto a una tienda de ropa y diseño conforman el denominado Espacio Palermo. "En la mesa había una revista donde aparecía la Presidenta en una nota que no tenía contenido político, más bien mostraba cómo se vestía. Un amigo, que sabe de mi afinidad, me hace una broma: `Mirá quién está`, me dice, y hago un comentario. Fue ahí que se acerca la dueña del local para decirnos que había un derecho de admisión, que no se podía hablar de política, y menos de la mugre K", relató el joven militante del PPS.

Los chicos optaron por cambiar de tema y no polemizar con la dueña del local. "La señora se vuelve a acercar y tomándome del hombro le dice a mis amigos: `Tienen que hacerlo razonar, porque un chico tan lindo no puede ser tan idiota`", contó Cristian. "No va a hacer falta que me eches, me voy yo", le respondió el joven, quien aclaró que siempre participa de debates políticos, pero que lo que sufrió el pasado sábado fue "una humillación". Ayer, y acompañado por el abogado Agustín Bianchi, Funes realizó la denuncia en la delegación Rosario del Inadi.

La directora de la oficina de Derechos Humanos municipal, Gabriela Sosa, afirmó que si el joven realizaba la denuncia y se comprobaba que hubo un acto de discriminación "el lugar será sancionado". En declaraciones a La Ocho, la funcionaria indicó que "hay una ordenanza que determina claramente que ninguna persona puede ser discriminada por su ideología, condición de género, identidad o características físicas". Sosa explicó que existe la línea gratuita 0800﷓444﷓0909, donde en caso de discriminación la GUM se hace presente, realiza el acta correspondiente, y si luego se constata que existió discriminación el local puede ser cerrado hasta 30 días en el caso de ser la primera vez, o hasta 180 días si hubo reincidencia.

Cavallero le envió una carta a la intendenta para que "envíe al establecimiento en cuestión a personal de la secretaria de Gobierno, junto a la dirección de Asuntos Jurídicos, para que realice las medidas administrativas y judiciales pertinentes a los efectos de esclarecer lo acontecido, por el bien de todos los rosarinos y de la vigencia del sistema democrático".

Para el edil, "el hecho es de muchísima gravedad, dado que en un gesto totalmente anti-democrático le advirtió a nuestro militante y a sus acompañantes la prohibición de hablar de temas políticos y, específicamente, advirtió que aplicaría el derecho de admisión contra los que adhieren al gobierno nacional y, de manera especial, a la persona de la Presidenta".

En la carta, el ex intendente expresó que "el Partido Progreso Social está en contra de todo tipo de discriminación ideológica, ya que creemos en el respeto por todas las ideologías políticas con una sola condición que es el respeto al sistema democrático. Nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la libre expresión de las ideas de todos los ciudadanos como así también el respeto a las diferentes expresiones, siempre y cuando las mismas no atenten contra el sistema republicano".

Por su parte, la concejala María Fernanda Gigliani (PPS) ingresó un proyecto en el Concejo Municipal solicitando la intervención del municipio en este tema. En la iniciativa adjuntaron la denuncia de Funes ante el Inadi. La edila del PPS precisó que fue contactada por la directora de la oficina de Derechos Humanos municipal. Sosa le manifestó que estaban a disposición y que eran receptores de denuncias para contemplar la posibilidad de aplicar sanciones al local, que ayer por la tarde permanecía cerrado al público.