Un oficial y dos suboficiales de la seccional sub 22 de Rosario fueron detenidos anteanoche por extorsión, tras pedirle 5 mil pesos a la madre de un chico de 17 años, para no alojarlo en el Instituto de Recuperación del Adolescente (IRAR). El fiscal Fernando Dalmau investiga al personal luego de recibir la denuncia a su teléfono oficial, por lo que rápidamente se montó un operativo de "entrega controlada" de dinero, que fue grabada. El joven estaba detenido por portación y abuso de arma. La jueza de Menores en turno, Carolina Hernández, ordenó que el chico -﷓a quien no le secuestraron arma-﷓ fuera entregado a sus progenitores, previa constatación de domicilio. Esa decisión habría sido aprovechada por los policías (dos hombres y una mujer) para extorsionar a la madre del adolescente. Tras ser pasados a disponibilidad, hoy se realiza la audiencia imputativa, y se les achacaría el delito en grado de tentativa. En tanto, en la Fiscalía hay (hace unos meses) una veintena de denuncias cruzadas entre vecinos de Santa Lucía y varias implican a la seccional. "La conflictividad en el barrio es muy alta", dijo el fiscal. En tanto, el secretario de Control de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, celebró la medida y aseguró: "Fuimos parte fundamental".

En diálogo con Rosario/12, Dalmau indicó que el chico detenido fue trasladado a la seccional de Donado y Forest durante el atardecer del domingo. "Cuando llegó la madre, le solicitaron el pago de un dinero por su liberación, bajo la presión de que sería trasladado al Irar. La suma originaria fue de 5 mil pesos, y durante el operativo controlado por Asuntos Internos y la Secretaría de Control, la pretensión bajó a 3 mil", indicó el funcionario judicial.

Tras la extorsión, la madre del adolescente habló con una persona del barrio que la contactó con el fiscal, ya que él había dado un teléfono a vecinos de la zona cuando se iniciaron las denuncias cruzadas entre habitantes, también por presunta corrupción policial, hace alrededor de dos meses. "Me ponen en conocimiento de esto y de un hecho anterior en el que se había liberado a una persona, tras el pago de un dinero", dijo.

Más tarde, "desde la comisaría se comunicaron (con la mujer) para que vaya a retirar al menor, con el DNI, y pidieron la plata", alrededor de las 23 horas, cuando la jueza Hernández ya había dado la orden de que el chico quedara bajo la tutela de sus padres. "Enseguida me contacté con el delegado de Asuntos Internos, Aníbal Candia, y le solicité que apreste personal para hacer una entrega controlada y constatar la acusación", detalló. Según trascendió, el personal de esa división se encontró con la denunciante en una estación de servicio de la zona, para armar el procedimiento.

La víctima concurrió con el dinero marcado a la seccional, y se realizó la medida planeada. Al salir hizo una seña y cinco policías de Asuntos Internos entraron a la comisaría, encontraron el dinero del hecho, y también "una suma que no era la `marcada', lo que refuerza la acusación de la mujer sobre un hecho anterior consumado", dijo Dalmau. "El empleado policial intentó descartar esa plata en un tacho de basura, cuando se inició la requisa", señaló. Otras versiones, apuntan a que ésa es sólo una versión fiscal.

El investigador destacó la "celeridad" con la que se realizó el procedimiento "altamente exitoso", con posterior requisa a la seccional, y arresto de los tres policías, que podrían tener penas de cumplimiento efectivo.

Ayer, Dalmau evaluaba las responsabilidades de cada personal policial implicado, y hoy se realizaría la audiencia imputativa. Al menos uno de ellos, con cargo de oficial de servicio, estaría involucrado en los dos casos: por el que fueron detenidos, y otro por un supuesto caso anterior, cuyo dinero estaba en la seccional.

Dalmau recordó que sobre esa dependencia de barrio Santa Lucía hay una veintena de causas por irregularidades que están "siendo analizadas de manera integral. Hay denuncias similares, pero son delitos de muy difícil prueba, salvo que lleguemos a tiempo, como en este caso". Además, reconoció que "se denunció en la fiscalía, por falta de confianza a la sub 22". "Estamos convencidos que era una práctica que se venía realizando", dijo más temprano, en declaraciones radiales. Y recordó que se habían ordenado "rondas de vigilancia por parte de personal que no pertenezca a la comisaría acusada de hechos de corrupción".

Por su parte, Del Vecchio dijo en Radio 2 que en 10 días habilitarán un 0800 para notificar casos de este tipo. La línea funcionará las 24 horas, en toda la provincia. Para el ex presidente del Colegio de Abogados, esto refleja "la fuerte decisión política" de transparentar el cuestionado accionar policial.