José Antonio Iborra, empresario farmacéutico detenido anteayer por una seguidilla de atentados y amenazas para favorecer su negocio, negó las acusaciones pero quedó detenido con prisión domiciliaria, tras la imputación de la jueza Alejandra Rodenas. Su hijo Juan Pablo -cuya declaración publicó ayer este diario- también está preso e imputado, y su abogado adelantó que solicitará una sustitución de prisión. "Se avanzó sobre los presuntos instigadores de hechos violentos que perturbaron al mundo farmacéutico", dijo la magistrada, al resumir la investigación que inició el año pasado, tras una serie de atentados como la tentativa de homicidio al abogado penalista Alberto Tortajada; las amenazas al farmacéutico Omar Ulloa, que terminó con el homicidio del policía Carlos Dolce; y la balacera frente de la vivienda de la ex titular de Inspección de Farmacias, Patricia Kleinlein. Padre e hijo aparecen como autores intelectuales de esos hechos.

Luego de que Iborra hijo, de 38 años, se presentara anteayer espontáneamente a declarar en Tribunales, ayer fue el turno de su padre, quien quedó detenido la tarde del martes pasado, en su vivienda de Valparaiso al 1000, debido a que está en tratamiento por una enfermedad.

José Antonio, de 66 años, se desvinculó de los hechos en los que está acusado como instigador; pero se abstuvo de responder preguntas. Su abogado, José Luis Giacometti, aclaró que "no es que no haya querido declarar, sino que tiene un impedimento físico para hacerlo"; y solicitó la prisión domiciliaria, debido al problema de salud de su cliente.

Anteayer, su hijo también negó las acusaciones; habló de un "vínculo roto" con su padre, frente a cuestiones de "violencia" por parte de éste dentro del núcleo familiar; pero admitió conocer a Pablo Peralta, procesado como uno de los autores materiales del ataque a Tortajada, y por las amenazas al médico Ulloa. Su abogado, Jorge Bedouret, adelantó que solicitará una morigeración de prisión porque su cliente padece un cuadro psiquiátrico.

Sobre las detenciones de los farmacéuticos, la jueza dijo que están bajo la lupa por actuar mediante "la utilización de la presión para obtener cierta situación de privilegio en cuanto a los lugares de radicación de los locales".

"Se avanzó en la colecta probatoria en cuenta a la autoría intelectual de hechos que perturbaron el normal desenvolvimiento del mundo farmacéutico, desde 2012 hasta la actualidad, en una sucesión de atentados. Desde entonces fueron procesados los autores materiales (Peralta y Hernán Núñez) de dos de esos casos, pero nuestra intención es avanzar en la investigación y trabajar sobre los autores intelectuales", dijo la magistrada en LT8.

Y agregó: "Cuando iniciamos esta investigación, nos sorprendió el grado de belicosidad y violencia. Uno puede preguntar tanto se juega detrás de la ubicación de una farmacia? Evidentemente es así". Y planteó que los detenidos "son los que sembraban el terror y el temor".

Al mismo tiempo, surge la cuestión de la puja por la clientela de las farmacias, lo que llevó a que Iborra tenga "varios conflictos", incluso con el Círculo de Farmacias y el Colegio del rubro, según indicó una fuente judicial. Allí, aparece el Pami, y la necesidad de contar con habilitación para ser proveedor de esa obra social, y de ciertos medicamentos.

Los hechos imputados a los Iborra -que administraban las farmacias de Sarmiento al 800, San Luis al 1000 y San Juan al 1800- son los del 24 de agosto de 2012, en la zona de Tribunales, cuando fue baleada la casa de Kleinlein. A los disparos se sumó una nota con amenazas para que terminaran las inspecciones. El 7 de septiembre, el abogado Tortajada fue baleado en un brazo, en el ingreso al edificio donde tiene su estudio, en Montevideo al 2000. Se trataba de una amenaza frente al patrocinio de éste a una farmacéutica cuyo nombre figuraba en una de las farmacias de Iborra, por una causa de evasión de impuestos en el Federal. En tanto, el 5 de febrero de 2013, Peralta y Núñez -procesados- llegaron armados al consultorio del médico y dueño de farmacias, Ulloa, en 3 de Febrero y San Martín, donde lo golpearon y amenazaron. El policía Dolce, que hacía adicionales allí, recibió tres disparos mortales.

Por estos tres sucesos, las imputaciones hacia los Iborra tiene que ver con la autoría intelectual de una tentativa de homicidio, amenazas calificadas, daños y abuso de armas.