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El fiscal Gonzalo Stara realizó esta semana su alegato en el marco de la causa conocida como Díaz Bessone II, un desprendimiento de la megacausa Feced y pidió prisión perpetua con inhabilitación absoluta para Carlos Ulpiano Altamirano, alias Caramelo, acusado del homicidio calificado de los estudiantes Rory y María Antonieta Céspedes Chuang, dos ciudadanos de Perú que fueron asesinados el 17 de diciembre de 1978, en su casa de España al 1600, para tapar el homicidio del estudiante de ingeniería Conrado Galdame, que fue ultimado ese mismo día por Tony Tuttolomondo, hoy prófugo, en el Servicio de Informaciones. A Caramelo también se le imputan nueve privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos durante la última dictadura militar.

Para el resto de los juzgados por el Tribunal Oral Federal número 2, todos policías que integraron la patota de Feced, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió 25 años de prisión, con inhabilitación perpetua. Son Julio César Nast, José Rubén Lofiego, Ricardo Torres, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ovidio Olazagoitia, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejo y Eduardo Dugour. El fiscal pidió además que se dicte la prisión efectiva inmediata de todos los acusados, dada la peligrosidad procesal de fuga que se abre ante un pedido de penas tan altas, pero el Tribunal presidido por Noemí Berros e integrado también por Roberto López Arango y María Ivón Bella denegó ese pedido. Actualmente, Lofiego está detenido en el penal de Marcos Paz. Altamirano en la Unidad 3, Nast (que intentó fugarse) e Ibarra están detenidos en el penal policial ubicado en el predio de la Jefatura de Policía. En tanto, Vallejo está detenido en el mismo penal, pero no por esta causa, ya que el TOF 2 lo dejó en libertad; Olazagoitia con prisión domiciliaria. Los otros tres cumplen un régimen de libertad restringida: pueden ausentarse tres horas de su casa, sólo para ir a trabajar.

Todos los policías actuaron con seudónimos en el marco del grupo represivo clandestino que actuó en el centro de detención ilegal más grande de la región durante la última dictadura. A Nast, alias "Ronco", el fiscal le consideró probada su participación en siete privaciones ilegales de la libertad agravada por su condición de funcionario público y el delito de tormentos. A Ricardo José Torres le probaron dos casos; al igual que a Lofiego, alias "el Ciego" (condenado a prisión perpetua en la primera parte de esta causa por otros casos, que incluyeron homicidios agravados). Julio Héctor Fermoselle, alias Darío, fue acusado con pruebas por 12 casos; mientras Ovidio Olazagoitia, alias Vasco, responde por seis casos. Ernesto Vallejo (Managua) está acusado de 13 casos, Eduardo Dugour (Picha) por nueve y Pedro Travagliante (Traba) por dos.

A lo largo de un alegato que llevó varias audiencias, ya que empezó el 14 de agosto y terminó el viernes 29, Stara justificó que durante este juicio "lejos de la aplicación de un sistema jurídico de vencedores a vencidos, todo este proceso ha versado sobre una forma de devolver a los imputados al estado de derecho existente antes de la usurpación del poder, de personalizarlos, de no tratarlos como enemigos, de no hacer lo que ellos hicieron con sus víctimas cuando pasaron a contar con la suma del poder público y el manejo total del sistema". Stara dejó bien claro que "no existen dos derechos, sino que fueron los miembros de ese gobierno quienes usaron la fuente productora del derecho, el Estado, para cometer los hechos". De este modo, rebatió los dichos de los imputados en sus indagatorias sobre la arbitrariedad o el carácter político de los procesos.