El Defensor General, Gabriel Ganón, logró que el Ministerio de Seguridad se comprometiera ante la justicia provincial a bajar en el próximo semestre el número de detenidos en comisarías. "Cuando presentamos el hábeas corpus había más de un millar de detenidos en seccionales de la Unidad Regional II, y lo que logramos es que se comprometan a alojar a solo 230 para agosto de 2015", explicó Ganón. El acuerdo que fue firmado ante la jueza Roxana Bernardelli prevé la construcción de una cárcel y dos alcaidías, una de hombres y otra de mujeres. Para graficar la gravedad del problema el Defensor reveló que "mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 30 mil presos, solo dos mil están alojados en comisarías, Santa Fe tiene seis mil presos, la mitad de los cuales están en dependencias policiales".

Después de varios meses de tramitación y de una sucesión de audiencias que se fueron llevando adelante bajo al dirección de la jueza Bernardelli y autoridades del Ministerio de Seguridad, finalmente se llegó a un acuerdo, que implica establecer definitivamente un cupo para todas las comisarías de la circunscripción de Rosario que quedó fijado en 230 detenidos.

Cabe recordar que cuando se presentó a principios de año el hábeas corpus había más de mil presos en dependencias policiales. Esa cantidad se redujo fuertemente cuando se traspasó al Servicio Penitenciario la Alcaidía principal de la Jefatura. En la actualidad hay 509 detenidos en penales policiales. "El acuerdo también compromete al Ministerio de Seguridad a concretar obras menores, algunas de las cuales se estan haciendo", remarcó Ganón.

Según el Defensor, el objetivo de reducir el alojamiento de presos en dependencias policiales se concretará con la construcción de una alcaidía regional para varones y mujeres, así como la edificación de una nueva cárcel en el límite entre Rosario y Pérez. Con estos nuevos inmuebles el Ministerio de Seguridad dice que podrá dar cumplimiento al mandato judicial que firmó en acuerdo. Esto ocurrirá recién el 6 de agosto de 2015.

Ganón explicó que según los standards internacionales la cantidad de presos en seccionales no pueden superar los 230. En este contexto, comparó dos situaciones: la provincia de Buenos Aires tiene más de 30 mil presos y solo dos mil alojados en comisarías, mientras que Santa Fe tiene seis mil presos, tres mil de ellos estan en dependencias policiales. "Esto habla de la verdadera gravedad de esta situación", enfatizó.

Otro de los puntos importantes de esta resolución - remarcó Ganón- es que "a partir de la presentación de este hábeas corpus el Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la cartera de Salud para otorgar un servicio de asistencia médica y odontológica a todas las personas privadas de su libertad y alojadas en comisarías de la unidad regional II. Esto ya se empezó a cumplir hace dos meses, pero aunque parezca increíble, hasta ese momento las personas detenidas no tenían este tratamiento. Este es sin dudas un paso importante sobre una situación que había estado desatendida durante este tiempo".

El tratamiento del hábeas corpus de Ganón ya había tenido novedades importantes en abril de este año cuando la jueza Bernardelli ordenó a la provincia que realice un monitoreo del estado de salud de los presos alojados en las comisarías de Rosario y en la alcaidía de Jefatura. La medida había sido adoptada en una audiencia pública realizada tras el hábeas corpus presentado en favor de todos los internos por Ganón, cuya área relevó que eran entonces 1.379 los detenidos en reparticiones policiales de la Unidad Regional II, de los cuales más de 700 permanecían en seccionales.

Fue entonces que el gobierno debió comenzar a realizar controles médicos de los presos, anoticiar si se detectaban casos de riesgo y confeccionar un informe sobre la situación sanitaria de los lugares de detención. Los resultados de Rosario fueron presentados en Tribunales por el jefe de los defensores oficiales y el titular regional, Gustavo Franceschetti. Con entrevistas, fotos y visitas establecieron que las unidades policiales de detención no satisfacen las reglas mínimas dispuestas por Naciones Unidas en la materia.