La Justicia condenó a ocho años de prisión a un hombre de 33 años que hostigó a su ex pareja con amenazas de muerte y lesiones, incluso frente a su hija de 11 años, durante meses. La causa había sido archivada en 2013 por falta de pruebas para la acusación, pese a todas las denuncias que hizo la víctima, que vivía aterrada. Cuando el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) tomó el patrocinio de la víctima, el acusado fue procesado en cinco hechos cometidos entre marzo y agosto de 2013. Los sucesos, que llevaron a la mujer a "temer por su vida y la de su hija" fueron juzgados "con perspectiva de género" y contextualizados en la normativa internacional de derechos de las mujeres, según aclararon desde el CAJ. La resolución de la jueza Correccional Marcela Canavesio fue firmada la última semana antes de la feria judicial.

La pareja convivió durante 12 años y juntos tienen una niña de 11, que en varias oportunidades fue testigo de la violencia a la que su madre era sometida por parte de su progenitor. En 2009, ella se cansó y pidió al Juzgado de Familia Nº 3 que le prohíba ingresar a su casa, pero el cumplimiento duró poco.

La primera denuncia que hizo S. contra David Gómez fue el 27 de marzo de 2013. El día anterior, a las 7.50 de la mañana, el agresor (que tenía una orden de exclusión de hogar) esperó a la mujer en la parada del colectivo en el que ésta llegaba para ir a trabajar, en Salta y España. "Te voy a matar porque sos una prostituta", le espetó, según expresa el fallo sobre la amenaza que le hizo.

Sin embargo, 15 días antes, había cometido un hecho previo contra ella y su hija, cuya denuncia se incorporó después a la lista de acusaciones contra el agresor. El 12 de marzo, a las 18.30, ingresó violentamente al domicilio de la mujer, en La Paz al 6000. Ella le hizo seña a su hija para que no hablara y marcó el 911. En eso, el acusado empujó a la niña y logró entrar, amenazó a la mujer, la golpeó con sus puños en la cara, el cuello y los brazos. En ese entonces, llegó la policía y fue demorado.

El 10 de abril amenazó nuevamente a la víctima. En esa oportunidad la golpeó en la espalda y le tiró los pelos, mientras ella esperaba el 120 en Provincias Unidas y La Paz. En mayo, también lo denunció por lesiones, amenazas y desobediencia a la orden judicial de no acercarse a ella. Incluso, el imputado llegó a abusar sexualmente de la mujer, en algunas oportunidades en las que ingresaba a la casa, por lo que hay otra causa en trámite. La víctima aseguró en su testimonial que "no obstante la prohibición, él continuó acercándose, hostigándola y amenazándola. `Voy a hacer lo que te dije: te voy a matar'", le prometía una y otra vez, según el fallo. Incluso, llegó a decirle a la nena: "Para vos también hay balas".

Las agresiones continuaron en julio, cuando una mañana S. se bajaba del colectivo para ir a trabajar y el agresor se le apareció en el camino. Ella comenzó a correr, y él le gritaba "te voy a matar, ahora te voy a matar". Ella alcanzó a meterse en un bar y avisó lo que estaba sucediendo, pero cuando los empleados llamaron a la policía él escapó.

Por esos días, se libró orden de detención para el imputado, y en agosto de ese año, llamó por teléfono desde el lugar de detención a la casa de la víctima y fue atendido por su hija. Le pidió que le dijera a su madre que cuando saliera la iba a matar y que "junte plata para el velorio", conversación que fue grabada por la víctima, ya que el teléfono estaba en alta voz.

En todas sus denuncias, S. manifestó profundo "temor por su integridad física y la de su hija", ya que el padre, incluso, intentó llevársela del colegio. Dijo que ya en 2009 había tramitado una exclusión de hogar contra el hombre, pero éste la cumplió solo unos meses y regresó, manteniéndola amenazada. La mujer tuvo que poner rejas por todo el perímetro de su vivienda, incluso adentro, para que él no entrara, y a cambiar los horarios de su trabajo, porque siempre la seguía o la esperaba "escondido entre los árboles o en contenedores".

En cada declaración, el acusado negó los hechos y se declaró inocente. Pero tras los procesamientos dictados en el Juzgado Correccional Nº 9, el fiscal Donato Trotta pidió que la causa vaya a juicio por cinco hechos.

Quienes acompañaron a la víctima tanto en el patrocinio letrado como en el sostén personal fueron los profesionales del CAJ, Alejandra Di Pompo (trabajadora social), Ivana Tonero (psicóloga) y los abogados Ingrid Plessen y Mariano Mascioli.