No menos de veinte orificios de bala contó el médico forense en el cuerpo de un muchacho de 22 años, que el año pasado fue absuelto en el primer juicio oral del nuevo sistema penal, donde llegó acusado de resistencia a la autoridad, abuso y portación ilegal de arma de guerra, y que encontró la muerte antenoche en barrio Hipotecario. Aunque no hay claridad alrededor del móvil del crimen, perpetrado en un pasaje ubicado a la altura de calle Garzón al 3800 -en la zona sudoeste-, ayer trascendió que tendría relación con una vivienda. En la Fiscalía Regional la hipótesis que sonaba más fuerte era la de un conflicto interpersonal que llevó a un enfrentamiento entre la víctima fatal, Emanuel Federico Lator, alias Ema Caravana, y quien o quienes lo mataron. Fuentes de la investigación indicaron que en los últimos días Lator había participado de enfrentamientos a balazos, incluso "con integrantes de su familia". Al lado del cuerpo fue hallada un arma calibre 32, el cartucho y varias vainas de una pistola 9 milímetros. La posibilidad de una venganza no está descartada. En el juicio al que fue sometido Ema, en agosto pasado, su esposa expuso irregularidades policiales, al decir que les habían pedido 30 mil pesos para dejarlo en libertad por un homicidio (ver recuadro).

Espalda, tórax, brazo izquierdo a la altura del corazón, ingle y pierna derecha fueron algunas de las zonas del cuerpo en las que Ema Caravana, que era padre de dos niños, recibió múltiples heridas de arma de fuego que le provocaron la muerte en Pasaje 1829 a la altura del 6000, en barrio Hipotecario.

El hecho sucedió entre las 21 y 21.30 del miércoles, y personal policial de la comisaría 19º, alertado por un llamado al 911, llegó a la vivienda donde viven los padres de Lator, donde se encontraron con el cuerpo tendido del joven. Frente a la gravedad de la escena, la víctima fue trasladada por el Sies al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), pero a poco de ingresar a la guardia perdió la vida. En el barrio se hablaba de un auto blanco que llegó al lugar y que desde su interior le dispararon.

Si bien ayer trascendió que además de la causa en la que fue absuelto, Lator tenía otros antecedentes penales y hasta un homicidio, el dato fue negado por su abogado, Adrián Ruiz, quien apenas pudo cruzar dos palabras con Yamila, la esposa de la víctima, ya que la mujer estaba sumamente angustiada.

Desde la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos se indicó que hasta ayer no contaban con testigos directos del hecho. Entre las hipótesis se habló de temas interpersonales, que estarían relacionados con una cuestión vecinal. Además, trascendió que en los últimos días, el joven había participado de otros enfrentamientos.

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A fines de diciembre pasado, la Cámara Penal confirmó la absolución resuelta en el primer juicio oral y público realizado bajo el nuevo sistema penal santafesino. En ese momento, los jueces Carina Lurati, Carlos Carbone y Adolfo Prunotto Laborde avalaron el fallo del juez Hernán Postma, quien en agosto aplicó el principio de la "duda razonable" para no condenar al joven.

En su momento, el juez Postma dispuso ordenar que se investigara el accionar de los policías que detuvieron a Lator al presumir que hubo irregularidades en el procedimiento, tal como se expuso en las audiencias del juicio.

Ruiz recordó que en el caso por el que las fiscales Marisol Fabbro y Juliana González acusaron a Lator había una "cantidad de irregularidades, omisiones y errores" de la brigada de Homicidios. Al parecer, se plantó un arma y ni siquiera los testigos aportados por la fiscalía pudieron ponerse de acuerdo en la existencia de ese arma y en la balacera que teóricamente sucedió", dijo el letrado en su momento.

Ayer, se indicó que desde que salió de prisión, Lator se ganaba la vida como "paquetero", vendiendo baldes y otros productos plásticos en la calle, para mantener a sus hijos.

En el sistema de conclusión de causas -antiguo sistema penal de la provincia- a Lator lo buscaban por el asesinato de Matías Cano, ocurrido el 14 de noviembre de 2013, que investiga el juzgado de instrucción 11º; pero en las audiencias orales por el juicio de la otra causa se develó que la única orden de allanamiento para encontrarlo en dos domicilios tenía una vigencia de 48 horas, en noviembre de 2013. De hecho, el imputado se había presentado espontáneamente en el juzgado el 6 de diciembre pasado. El caso llevó incluso al reclamo del cargo de un auditor para los fiscales, tal como la ley contempla.