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En los primeros cinco meses del año, el nuevo sistema penal realizó unas dos mil audiencias, y en 1200 de los casos se decidió la prisión preventiva de personas acusadas de delitos no excarcelables. Además, se llegó a más de 250 condenas, de la cuales 112 tienen pena de ejecución condicional y el resto de prisión efectiva. Como contraparte, hubo sólo nueve sobreseimientos y un solo archivo de investigación fiscal. En 299 causas se dispuso la libertad de la persona acusada, por falta de pruebas.

El nuevo sistema penal se puso en marcha en febrero de 2014, y las estadísticas hablan de un movimiento continuo en el pasillo de audiencias orales y públicas. Allí, todas las mañanas y tardes se realizan audiencias en las que el fiscal aparece como el acusador de determinado delito cometido por el imputado, quien debe ser asistido por un abogado, sea particular o del Servicio Público de la Defensa Penal, y llevar sus pareceres a un juez penal, quien en definitiva decide.

La mayoría de las audiencias de primera instancia (también hay de apelación) son imputativas. Las mismas deben realizarse no más de 24 horas después de la detención del acusado, por lo que sábados y domingos también hay movimiento en el pasillo remodelado el año pasado para la ocasión.

Este año ingresaron a la Oficina de Gestión Judicial de primera instancia 1134 carpetas judiciales, de las cuales 258 son procedimientos de juicio abreviado, una figura que comenzó a aplicarse desde el sistema de transición (poco antes de la puesta en marcha del nuevo sistema) en la provincia. Se trata de un acuerdo de pena entre las partes (fiscalía y defensa del imputado) y que requiere del aval de un magistrado que controle el procedimiento. También se contabilizaron 30 pedidos de probation (juicio a prueba), y 46 pedidos de juicio para los que se requiere una audiencia preliminar en la que un juez, que no presidirá el proceso oral, controla que estén dadas las pruebas para llevar a un acusado al banquillo. Además, hay una decena de causas a punto de llegar a juicio.