Fernanda Gigliani , concejala del bloque Iniciativa Popular (IP) presentó un pedido de informe para que el Departamento Ejecutivo de cuenta de las multas cobradas a las empresas de colectivos por las infracciones cometidas, el monto y destino de ese dinero, a partir de la existencia en Rosario de una Ordenanza Nº 7.802 que regula el sistema de transporte público y que establece el régimen de infracciones y sanciones al mismo. "En un escenario en el que se les exige a los usuarios de los colectivos pagar más caro el boleto, queremos saber cuánto se ha recaudado por las multas aplicadas al mal funcionamiento del sistema de transporte", explicó Gigliani. Y añadió: "La normativa vigente le brinda al Ejecutivo las herramientas necesarias para sancionar las conductas asumidas por las empresas concesionarias que van contrarias a la norma. Bien sabemos que son múltiples las transgresiones a esa norma. Por eso nos interesa particularmente saber cuánto recaudó la Municipalidad y cuál ha sido el destino de esos fondos cobrados por infracciones. Porque además, conocer esa información también demostraría si el municipio controla la prestación del servicio y de qué forma lo hace". "Contemplando que la Ordenanza data de 11 años atrás, y que son sobrados los ejemplos de incumplimiento de recorrido, paradas, frecuencias, condiciones de las unidades, es que creemos que debe ser abultado el fondo que se generó a partir del cobro por la cantidad de infracciones que a diario cometen las empresas prestatarias del servicio". "Es importante además contar con esa información que hoy le pedimos a la Municipalidad especialmente en el contexto de la futura prórroga de la empresa Rosario Bus, ya que la misma Ordenanza establece requisitos para que la prórroga pueda operar y uno de esos requisitos es no tener deudas por multas por infracciones a la Ordenanza", finalizó la edila de IP.