En el transcurso de las semanas anteriores, docentes del gremio Amsafé Rosario salieron al cruce ante las declaraciones de Elías Soae Freue, el especialista israelí convocado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, quien sostuvo que a través del programa "Multipol" buscaría el acercamiento de la Policía Comunitaria en las aulas escolares. Al repudio de los docentes se sumó la intervención del secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, quien aseguró que la fuerza en cuestión "no tiene ni tendrá un rol educativo en el interior de establecimientos escolares de la provincia". Pero más allá de este episodio, detrás de la firme postura de los docentes se esconden otros reclamos que datan de años anteriores. En las escuelas de los barrios periféricos, donde la cotidianidad de los alumnos está atravesada por una fuerte violencia de la cual también participan las fuerzas de seguridad, hay necesidades primordiales que no llegan a ser cubiertas.

Los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 569 "Carlos Fuentealba" del barrio Santa Lucía, realizan sus actividades de Educación Física en un terreno a pocas cuadras del establecimiento. Hace unos días se interrumpió la clase por una balacera que tuvo lugar a metros de donde los pibes hacían deporte. Sucede que dicho terreno, que es la única cancha de fútbol del barrio, se encuentra entre dos pequeños asentamientos que se disputan el control del narcotráfico en la zona. "Cualquier cosa que pasa en el barrio involucra directa o indirectamente a algún alumno de acá", dice Manuel Céspedes, director de la escuela, en conversación con este diario. Cuenta que la realidad que atraviesan los docentes y jóvenes es muy particular y que hay muchas cuestiones sobre las cuales detenerse a buscar soluciones concretas antes de pensar en el acercamiento de la policía a las aulas.

"No estamos preparados para casos complejos", dice Céspedes, quien está a cargo de los siete cursos que en los turnos mañana y tarde concurren a la secundaria. Santa Lucía es uno de los tantos barrios asediados por el narcotráfico, sometiendo a la juventud a sus filas como soldaditos y a sus consecuencias desde el consumo de drogas. Esta situación impacta directamente en los pibes que abandonan el cursado y se alejan de la escuela. Céspedes remarca la necesidad de que el Ministerio de Educación de la provincia promueva la creación de gabinetes psicopedagógicos particulares en cada escuela "para acompañar a chicos con adicciones que quieren volver clases y acá no podemos contenerlos". "Muchos chicos quedan en el camino porque no hay nadie que se haga cargo de eso", agrega el director, también maestro de Geografía.

Para Céspedes, la intervención del Ministerio en las escuelas debe darse teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada establecimiento. Así, apoya la creación de proyectos pero destaca ciertas contradicciones. En la escuela en cuestión se desarrolla un Centro de Educación y Capacitación Laboral (CECLA), iniciativa del Ministerio de Educación con fines de especialización en oficios. En la Fuentealba, uno de los CECLA está destinado a la cocina, y a Céspedes le llama la atención un detalle: el edificio carece de gas natural. Así, plantea que la escuela se ve inmersa en una compleja situación que integra al barrio en su totalidad. "Acá hay chicos con carencia alimentaria, qué personas queremos educar si hay chicos que no comen", cuestiona el director para quien el barrio necesita de proyectos que fortalezcan la vida social de los jóvenes por fuera de la escuela. "Tiene que haber un club en este barrio, actividades que incluyan deportes, porque los chicos para jugar al fútbol tienen que salir del barrio", agrega haciendo referencia al terreno ganado por las balas del narcotráfico.

En el barrio Toba la cuestión va por la misma línea. Así lo hace saber Mónica Roberts, directora de la Escuela Primaria 1380 "Roberto Fontanarrosa", quien considera que en el barrio "las falencias son muchísimas". A las inmediaciones del establecimiento sólo llega una línea del transporte urbano que, por el mal estado de las calles, tuvo que interrumpir su recorrido y alcanza a llegar hasta varias cuadras antes. "No hay gas, la luz está conectada en tres fases y no funciona siempre, el agua es mala y en verano no hay presión", cuenta Roberts, para quien las obras pendientes en términos de infraestructura son fundamentales. "No están garantizados los derechos como ciudadanos, y uno en clase enseña que hay que respetar los derechos. En qué contexto uno enseña si no se pueden ejercitar", se pregunta.

Tal como relata la docente, las situaciones de violencia vividas por los alumnos en el barrio superan las herramientas que la escuela tiene a su alcance. Desde el año 2008 el Ministerio de Educación cuenta con un equipo socioeducativo, formado por psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, abogados, psicopedagogos, y otros profesionales, a través de los cuales se busca intervenir en casos de deserción, vulneración de derechos y otras situaciones conflictivas. Sin embargo, considera Roberts, es una iniciativa que demostró no alcanzar y por lo tanto es necesario que se enfoquen grupos particulares en cada escuela para que se trabaje puntualmente sobre las realidades de los alumnos y sus familias. "Estamos solos, los docentes, el pibe, los padres, el barrio y sus organizaciones sociales", dice y agrega: "Es mucho a pulmón y ya es demasiado".

Para Adrián Gómez, vicedirector de la Escuela 456 "Carlos Pellegrini" y maestro en el Centro de Alfabetización 110, ambas instituciones del barrio Empalme Graneros, también es fundamental que se destinen equipos socioeducativos específicos en cada establecimiento. "Necesitamos trabajadores sociales que nos ayuden a establecer vínculos más estrechos", explica. Además aporta una apreciación vinculada a la necesidad de retener a los chicos que han perdido la atracción de la escuela, para lo cual cree necesario repensar las currículas escolares de acuerdo a las distintas necesidades e intereses y lograr "una mayor oferta educativa". Como ejemplo cita el caso de un joven que en distintas ocasiones llegó armado a la escuela y que en charlas con los docentes dejó ver su interés por estudiar mecánica de motos. "El Ministerio no pudo encontrar un lugar, y ese pibe hoy dejó la escuela y está en la calle", agrega. En su carrera como docente, Gómez cuenta con varias experiencias de jóvenes víctimas de distintos tipos de violencias, y entre ellas se encuentra David Moreira, que antes de ser asesinado por un grupo de personas al intentar robar una cartera, había abandonado la escuela con diecisiete años para trabajar de albañil.

Violencia y pibes que ya no están

En los nueves meses del 2015 alcanzan a contabilizarse al menos 32 casos de homicidios en los cuales las víctimas son jóvenes de entre 12 y 20 años. Todos ellos vivían en los barrios periféricos de la ciudad, y sus muertes fueron provocadas por disparos de armas de fuego, puñaladas o golpes. Si se agrega el rango etario hasta los 25 años, la lista se extiende a un mínimo de 68 casos, repitiendo las mismas características geográficas y modalidades de ejecución. Un grupo de docentes del gremio Amsafé, del cual forma parte Adrián Gómez, viene realizando desde los primeros meses del año un relevamiento de los casos y reconstruyendo la biografía de los chicos asesinados en edad escolar.

Bajo el lema "Basta de matar a nuestros alumnos", este grupo lidera una campaña a través de la cual buscan reflejar el contexto de violencia en el cual viven y mueren las juventudes de las barriadas rosarinas. En este marco, hay lugar para otro dato que ante la coyuntura deja de ser un detalle: dos menores de edad fueron asesinados por la policía. Esta cifra se suma al total de 16 casos de homicidios producidos por balas policiales en lo que va del año en Rosario y sus alrededores.

Teniendo en cuenta este escenario, y sumado a los conocidos casos de violencia institucional, los docentes descreen en la posibilidad de acercar la policía a las escuelas. A pesar de las declaraciones de Ruani negando que la Policía Comunitaria ingrese en los establecimientos educativos, en los últimos días se registró un episodio que logra contradecirlo. Amalia Torres, directora de la Escuela Nº 56 "Almafuerte", ubicada en barrio Pichincha, cuenta que tuvo visitas a la escuela por parte de agentes de la Policía Comunitaria, quienes preguntaron por los horarios de ingreso y salida de los alumnos. Luego hubo un llamado telefónico del jefe con jurisdicción en dicha zona. "Me habló de que buscan terminar con la idea de la policía represiva, para que los chicos la vean como servidores públicos", contó a Rosario/12 la directora del establecimiento. Asimismo, respondió: "No queremos ningún policía dentro de las escuelas, no hay ni una mínima duda".