El fiscal Carlos Covani solicitó que se eleve a juicio la causa que tiene a cinco agentes judiciales implicados en el desmanejo de fondos de cuentas inmovilizadas del Banco Municipal. Los acusados son los ex jueces Alejandro Martín y Jorge Scavone, un secretario, un martillero y un empleado bancario, quienes con diferentes roles realizaron "estafas reiteradas" y fueron acusados de conformar una asociación ilícita. Dos letrados fueron condenados en juicio abreviado al inicio de la investigación, a una pena de tres años en suspenso. El fiscal le pidió además a la jueza Alejandra Rodenas que unifique las causas que hasta ahora avanzaron por separado: la del Juzgado Civil y Comercial Nº 17, que estuvo a cargo de Martín hasta que el Banco Municipal hizo la denuncia, en octubre de 2012; y la de Civil 1º, donde las maniobras se realizaron hasta el Scavone se jubiló, en 2010. También pidió que se amplíen las indagatorias de los acusados para indicarles qué delitos se les atribuye y en cuántas oportunidades. La investigación arrojó que hubo sustracciones por un millón 50 mil pesos, desde Civil 17; y por más de 240 mil, desde Civil 1.

"A fin de evitar una doble persecución penal, entiendo que ambas causas deben ser unificadas, ya que las maniobras son similares y los participantes de los hechos se repiten", planteó Covani en el escrito que presentó antes de la feria judicial de este enero.

Por otro lado, apuntó a "reformular y ampliar las imputaciones delictivas, no solamente para atribuir los hechos en la manera que son individualizados, sino también en cuanto a la enumeración de los mismos". En ese sentido, indicó que "hay por lo menos un hecho que no le había sido imputado al martillero Oscal Kovalevski", quien fue acusado como organizador de la asociación ilícita. Algo similar sucedió en el caso del empleado bancario Tomás Martínez Echenique: "Hay por lo menos treinta y dos hechos que no le habían sido atribuidos, en los que fue partícipe necesario".

En cuanto a los fundamentos del caso, Covani hizo hincapié en que se trata de "un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para apropiarse ilegítimamente de dinero que se encontraba depositado en cuentas judiciales, en relación a distintos litigios, y que aparecía como ocioso o inmovilizado. No todo el dinero apropiado revestía el carácter de inmovilizado, ya que también se apropiaron de remanentes de juicios terminados recientemente a la sustracción". Para el fiscal, "estas maniobras se pusieron en práctica por poco más de dos años, y se vieron frustradas por la intervención del Banco Municipal, que primero le reclamó las irregularidades advertidas al juez Martín y su secretario Ricardo Lavaca, y luego hizo la denuncia penal".

Modus operandi

El funcionario judicial detalló que "inicialmente, las maniobras afectaron al Banco Municipal y que se cometieron a partir de diciembre de 2010, pero la investigación demostró que esta modalidad delictiva se puso en marcha ya en abril de ese año y también respecto de fondos en el Nuevo Banco de Santa Fe", previo al traspaso de cuentas al Municipal.

En su escrito, Covani señaló que "la modalidad de comisión era doble: un grupo de hechos consistía en detectar fondos ociosos, y desde el juzgado que tenía a disposición los depósitos se libraban órdenes de pago a favor de algunos de los integrantes de la asociación delictiva; mientras que otro grupo de hechos, son los que una vez detectados los fondos judiciales ociosos a disposición de otros juzgados, necesitaban desarrollar una mecánica más compleja: crear una causa judicial falsa, invocar una conexidad para recayera en el juzgado cómplice, y la disposición del embargo de los fondos. La primera modalidad se realizó desde ambos juzgados, mientras que la segunda, solo desde Civil 17.

Para el fiscal, "en algún momento de principios de 2010, alguien advirtió que había dinero que quedaba depositado en cuentas judiciales después de concluido el litigio, y que permanecía así en el tiempo, como `dinero de nadie`". La cronología de los hechos desciptos por Covani indica que "la primera apropiación se hizo con la intervención de Martín; el secretario Lavaca y el martillero Kovalevski, sindicado "organizador", ya que "aparece como el personaje aglutinador de todos los involucrados, con una relación personal y comercial con el empleado bancario, con vínculos de amistad o cercanía con los jueces Scavone y Martín y con relaciones comerciales o profesionales con los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter", quienes efectivizaban el cobro de pesos.

El secretario Lavaca está acusado de estampar su firma para el cobro de los fondos, tanto en el juzgado Civil 17, como en Civil 1, cuando rubricó en suplencia, aprovechando la licencia por maternidad de la secretaria titular.

En tanto, la identificación del empleado bancario Martínez Echenique surge probada por el rol que el mismo tenía en la entidad bancaria. En mayo pasado, se revocó el sobreseimiento que le había sido dictado por la jueza Mónica Lamperti. Martínez Echenique fue considerado por la Alzada como una de las "patas" para cometer los delitos. Por eso, en julio, fue procesado y también llega a juicio.

Juez en problemas

Por su parte, el ex juez Martín también está acusado por los delitos de "defraudación, falsedad ideológica y prevaricato", según el fallo de la Cámara Penal que confirmó su procesamiento, luego de haber sido destituido. Tras ser imputado en diciembre de 2012 por estafa reiterada, fue sometido a jury. Hace dos años, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó. En la asociación ilícita figura como "jefe". Y al igual que sucede con Kovalevsky, el rango de la pena que les podría caber a ambos va de los cinco a diez años de prisión. El ex juez estuvo al frente del juzgado Civil y Comercial Nº 17 hasta fines de 2012, cuando fue apartado ante la denuncia presentada por el Banco Municipal. Por aquellos días, la entidad bancaria advirtió a la Corte Suprema provincial sobre manejos irregulares con los fondos de cuentas embargadas, que consistían en oficios librados por el juzgado para ordenar pagos a beneficiarios de aparentes juicios ejecutivos.

En la ampliación de indagatoria, Covani le achacará 94 hechos al martillero acusado de organizador; 92, al empleado bancario; 32 al ex juez Scavone, que se jubiló a fines de 2010; 86, al juez Martín; y 101, al secretario Lavaca.