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La defensora pública María Laura Blacich presentó un recurso de habeas corpus correctivo en favor de un hombre que estuvo detenido "ilegalmente" en la Comisaría 4ª, durante dos semanas, sin haber sido llevado ante un juez. Según expresa la denuncia del Servicio Público de la Defensa Penal, a cargo de Gabriel Ganón, Carlos Gabriel P., de 32 años, estuvo preso del 11 al 24 de febrero. P. y otro hombre fueron detenidos por un presunto intento de robo, pero cuando la policía hizo la consulta al fiscal Patricio Serjal, que estaba de turno, éste consideró que no había elementos y les ordenó a los oficiales que los pusieran en libertad. Sin embargo, solo uno de ellos fue liberado, mientras que el otro quedó en prisión, sin ser trasladado a Tribunales. Desde la entrada en vigencia del nuevo sistema penal, es obligatorio que los presos sean llevados a audiencia oral y pública, a las 24 horas de haber sido detenidos. Ahora, el Ministerio Público de la Acusación y Asuntos Internos investigan el accionar policial. La defensoría se enteró "por casualidad" de que P. seguía preso, sin orden.

Cuando los dos hombres quedaron detenidos, el MPA le dio intervención a la Defensoría para que asista legalmente a los acusados. Sin embargo, luego de analizar el caso, la Fiscalía ordenó su libertad porque no encontró mérito para imputar delito alguno. Así, Serjal dirigió un oficio a la seccional 4ª, para que se acate lo ordenado. Sin embargo, eso no se ejecutó por razones que están siendo investigadas.

Dos semanas después, la defensora Blacich tomó conocimiento de manera "casual" acerca de la situación de Carlos P.

Ahora, Serjal derivará las actuaciones a la Unidad de Violencia y Corrupción Policial, donde se investigará al personal, por no acatar la orden del fiscal sobre la libertad del acusado, que fue liberado anteayer. La Defensoría recordó que no es la primera vez que sucede un hecho de estas característica: "En 2014, F.G estuvo 35 días detenido ilegalmente, oportunidad en que la Defensa Pública denunció el caso para lograr su cese y exigió se establezcan controles de cumplimiento de órdenes judiciales".

Ante la reiteración de casos, el defensor regional, Gustavo Franceschetti, pidió que "se inicien las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas por parte del Ministerio de Seguridad, y que también la Fiscalía investigue y vea si se cometió un delito". Además, solicitó: "Que se implementen controles para que se cumplan las órdenes de los fiscales como así también de los jueces".