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Los concejales Norma López (FpV), Eduardo Toniolli (PJ), Fernanda Gigliani (IP), Marina Magnani (UyO), Lorena Giménez (PPS), Carlos Cossia (Peronismo Solidario), Caren Tepp, Juan Monteverde y Pedro Salinas (Ciudad Futura) y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) exigieron al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que "se abstenga de realizar o instrumentar cualquier tipo de normativa, protocolo u orden que implique la criminalización de la protesta social a través de la restricción de los derechos de reunión, protesta, manifestación, de petición ante las autoridades, así como de cualquier otro derecho consagrado en la Constitución Nacional y en Pactos Internacionales de Derechos Humanos".

"Nos preocupa la ambigüedad de las declaraciones de funcionarios del gobierno de Santa Fe sobre la adhesión al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas" por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentado en el Consejo de Seguridad Interior el 17 de febrero en San Carlos de Bariloche, "herramienta que promueve la represión desde un marco legal, a trabajadores y ciudadanos que legítimamente ejercen sus derechos a la protesta, la libertad de expresión y de pensamiento".

"Esta es una de las cartas más duras y antidemocráticas de la gestión del presidente Maurcio Macri, que deja a las claras la falta de capacidad de diálogo, convivencia y el modus operandi autoritario sobre los argentinos", señala el texto.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, adhirió en representación de la provincia y como paso imprescindible para hacer efectiva este acuerdo, el gobernador tendría que elaborar un protocolo que respete el nacional.

"Exigimos que no lo haga en nombre de los vecinos de Rosario. Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son la piedra angular de toda democracia y es un deber del Estado su defensa y protección. El derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protección de los derechos humanos", agregaron los ediles.

"La nueva normativa --sostuvieron-- representa un cambio regresivo del paradigma en materia de regulación de la protesta social e implica un grave retroceso institucional y político en materia de Derechos Humanos y garantías constitucionales que afectan gravemente el principio de no regresividad de los DD.HH., vulnerando derechos consagrados constitucionalmente y en Pactos Internacionales".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se expresó: "Uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas de muertos".