Los alegatos del juicio por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi comenzaron el último miércoles, cuando las querellas hicieron un alegato unificado, que no pudieron terminar por su extensión. Nadia Schujman, en representación de las hermanas Gladys y Ethel Cambiaso; Santiago Bereciartúa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Eliana Menegosa por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires llegaron a relatar los hechos que pudieron probarse, y las responsabilidades que se determinaron para los imputados. Cuando la audiencia terminó, Hernán Vidal, el abogado de uno de los imputados, Luis Muñoz (era subjefe de Inteligencia del Batallón 121), pidió la grabación de la audiencia al Tribunal, con un tono amenazante. Ya el Tribunal Oral Número 2, presidido por Jorge Venegas Echagüe, le había denegado un pedido para que Bereciartúa se abstuviera de analizar la prueba presentada por la propia defensa para exculpar a Víctor Hugo "el Chuli" Rodríguez, que era jefe de la segunda sección de Inteligencia del Batallón cuando secuestraron a los militantes montoneros, y que no forma parte de este juicio porque fue beneficiado por un festival de sobreseimientos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, revocados por la Cámara Federal. El pedido de Vidal está relacionado con una presentación que hizo ante la Secretaría de Derechos Humanos en febrero, aprovechando el cambio. "Venimos a solicitar con premura que el señor ministro Germán Garavano arbitre los medios necesarios, a fin de que por intermedio de su Secretario de Derechos Humanos, se proceda a revocar todos los poderes otorgados a los letrados militantes, para actuar como querellantes en representación de ese Ministerio", dice el escrito en el que Vidal comete un llamativo error: menciona entre los profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos a Schujman, que es querellante en esta causa en representación de las hermanas de Cambiaso, y nunca actuó en nombre de Nación.

Los argumentos de Vidal, ya repetidos por estos abogados pagados por los represores, fueron rechazados en distintas instancias judiciales: tanto la Cámara Federal de Rosario como la Cámara de Casación Penal y hasta la Corte Suprema de Justicia dejaron en claro que el derecho a defensa de las víctimas estuvo garantizado en estos juicios, pero también se estableció que no hay superposición de funciones del Estado al querellar desde la Secretaría.

Pese a estos antecedentes, y confiado en que las nuevas autoridades sean más permeables a sus argumentos, Vidal firmó -junto a su colega Eduardo San Emeterio- un escrito que señala: "Dicho equipo de abogados militantes fue creado durante la gestión del entonces Secretario de Derechos Humanos, letrado Eduardo Luis Duhalde, hoy fallecido -quien era un militante trotskista peronizado- defensor de terroristas del ERP, como lo fue Roberto Santucho, entre muchos otros, y que además ostentó grado militar en el ERP-PRT, y su nombre de guerra era Teniente Damián siendo secundado por la doctora Ana María Figueroa, quien detentó el cargo de Coordinadora Jurídica del Area Nacional de la Secretaría Derechos Humanos de la Nación. Ellos organizaron y comandaron el equipo de letrados militantes que actuaron y todavía aún hoy actúan en los mal llamados juicios de lesa humanidad, los que no son ni más ni menos que asimétricos juicios políticos, donde se ejerce la lesa venganza". Además de ser rebatidos en todos los tribunales nacionales, estos conceptos van en contra de la valoración internacional sobre el proceso judicial argentino, el único en el mundo que juzgó a los responsables del terrorismo de estado y sus ejecutores en tribunales ordinarios.

Relato de un crimen

Más allá de la chicana de Vidal, y el intento de separar a Bereciartúa, que integra además el equipo jurídico de HIJOS, el miércoles pasado comenzó la instancia final del proceso oral y público. La descripción de los hechos y la descripción de la prueba por cada imputado fueron los puntos que la querella llegó a exponer. "Los secuestros, las torturas, la desaparición y los homicidios de Osvaldo el Viejo Cambiaso, y de Eduardo Carlón Pereira Rossi constituyen un último e inequívoco mensaje criminal de la dictadura, que apuntó a condicionar tanto la democracia en general, que volvería a dar sus primeros nuevos pasos unos meses después; como al peronismo en particular, en plena actividad de reconstrucción partidaria, al igual que el resto de las fuerzas políticas que se preparaban para la nueva etapa". El crimen tuvo lugar cinco meses antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983.

Schujman relató que "el Viejo (Cambiaso) y Carlón (Pereira Rossi) tenían una cita el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnun, a plena luz del día en Córdoba y Ovidio Lagos, en la cara de decenas de testigos fueron sorprendidos a las 10.30 hs aproximadamente y violentamente secuestrados por un grupo de tareas del Batallón 121 dirigidos por Rodríguez y Guerrieri". Schujman se refería al Jefe del Departamento de Inteligencia del Batallón 121, Oscar Guerrieri y también al jefe de la Sección Segunda de ese Destacamento, Víctor Hugo Rodríguez, que no está en este juicio pero cuya responsabilidad está a punto de ser juzgada ya que la causa está en etapa del requerimiento de elevación a juicio.

Siguió el relato de la abogada de Hijos: "Tras ser reducidos violentamente, son arrastrados hacia fuera del bar, donde aguardaban otro grupo de personas formando una barricada, para inmediatamente ser introducidos en el interior de un camión tipo furgón".

El alegato recuerda que "los integrantes del grupo realizaron esta maniobra ante los atónitos y asustados transeúntes y clientes del bar, para retirarse velozmente en los vehículos en que habían arribado". En las audiencias, eso quedó acreditado por múltiples testigos ocasionales. "Luego de producido el secuestro, Cambiaso y Pereira Rossi fueron trasladados en una camioneta Mercedes Benz azul 608 -entre otro más que lo escoltaban- y un Renault 12 con antena de alta frecuencia a un Galpón de tornería industrial perteneciente a Maiorano Hermanos, una familia reconocida en Rosario por sus vinculaciones con el servicio de inteligencia del ejército", relató la profesional, quien recordó que "durante su cautiverio - traslado y Galpón -, las víctimas sufrieron golpizas y torturas, incluido el paso de corriente eléctrica; todo ello mientras eran interrogados con la finalidad de obtener información por su condición de militantes políticos, no olvidemos que Pereira Rossi podía tener información sobre el paradero de todos los miembros de la conducción nacional de Montoneros".

La descripción de Schujman recordó que "tal como estaba acordado en esta operación entre el Primer Cuerpo y el Segundo Cuerpo de Ejército, por la tarde fueron entregados maniatados y amordazados en el norte de la provincia de Buenos Aires a otra patota integrada por Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro Y Rodolfo Diéguez, por entonces funcionarios policiales de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente agentes del Comando Radioeléctrico dependiente de la Unidad Regional de Tigre, siendo ejecutados en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires, en un camino rural perpendicular a la Ruta Nacional 9, ello mediante el disparo de armas de fuego". La abogada recordó que Cambiaso recibió nueve tiros, que le "volaron literalmente" la cabeza, mientras Pereira Rossi sufrió once impactos, "muchos de ellos por la espalda, y los que les vuelan los sesos a una distancia, que sólo permite la lectura de un fusilamiento. En absoluto estado de indefensión, todo lo contrario a lo que se presentó. Lejos del enfrentamiento, fue un homicidio vil y cobarde", explicó la profesional. Justamente, la perito Emma Virginia Creimer fue quien corroboró en la audiencia del 2 de septiembre pasado el paso de corriente eléctrica poco antes del asesinato, analizando la autopsia y también fue preguntada por el Tribunal -integrado por Beatriz Baravani de Caballero y Omar Digerónimo, además de Venegas Echagüe- sobre la posibilidad de un enfrentamiento de acuerdo a las fotos del vehículo en el que aparecieron muertos los militantes. Creimer consideró que en los dos casos, no les dispararon estando adentro del auto, por la falta de sangre en el interior del vehículo y otros indicios. Cuatro días después de su declaración en este juicio, el domingo 6, sufrió una brutal amenaza, con un cuchillo ensangrentado clavado en la puerta de su casa.

En la causa están imputados Patti, Spataro, acusados de ejecutar a los militantes peronistas. También el último presidente de facto de la dictadura, Reynaldo Benito Bignone; Guerrieri; su segundo Luis Américo Muñoz; el entonces jefe del Departamento III de Operaciones del Comando del II Cuerpo del Ejército, Rodolfo Rodríguez; y el jefe del II Cuerpo al momento de los hechos, Carlos Lucena. Los demás imputados son los ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Ariel López y Carlos Sfulcini. Lo estaba también Ariel Porra, quien murió en septiembre del año pasado.

Saltó por el Chuli

Cuando le tocó analizar la prueba por imputado, Bereciartúa se refirió a la "verosimilitud" del testigo Eduardo Costanzo, condenado en la causa Guerrieri I a prisión perpetua, quien relató distintos episodios de la represión ilegal, como el asesinato de los secuestrados en el Centro Clandestino de Detención Quinta de Funes, entre otros. "Para poder generar el descrédito, se ha dicho que sus declaraciones son producto de enemistades y odios para con los imputados, algunos de esos conflictos motivados por cuestiones económicas incluso, argumentos que vienen siendo desechados por más de 15 jueces que han intervenido en el análisis de los dichos de Costanzo en diferentes causas, plasmados muchos de ellos en las Sentencias confirmadas en las causas "Guerrieri" y "Zaccaría", entre otras", expresó Bereciartúa.

Al analizar los testigos presentados por la defensa, que se referían a Víctor Hugo "Chuli" Rodríguez, se ofuscó el abogado defensor Vidal, quien también representa a Rodríguez en instrucción. Vidal pidió que no se le permitiera esa parte del alegato porque éste Rodríguez no forma parte del juicio. Venegas Echagüe le respondió que eran testigos traídos por ellos para hablar del tema y desestimó el pedido. Rodríguez se hizo conocido por organizar el cruce de los Andes a lomo de mula desde la Asociación Cultural Sanmartiniana desde los años 90.

Sinceridad y entereza

Cuando relató los hechos, la abogada de Hijos Nadia Schujman señaló algunas particularidades de este juicio. Por ejemplo, la declaración de una testigo que colaboraba con Delia Rodríguez Araya en los albores de la democracia, cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos recolectaba testimonios que fueron claves para dar una dimensión del terrorismo de estado en esta región. Rodríguez Araya falleció el 13 de mayo de 2009, y su declaración fue leída en este juicio. El Tribunal también escuchó a Acosta. "Al declarar la señora Acosta (quien formaba parte del equipo del APDH coordinado por Delia Rodriguez Araya), no recordó haber recibido esta denuncia, mostrando una vez más la sinceridad y entereza de las personas que colaboraron en los organismos de derechos humanos, que lejos de las calumnias que sostiene la defensa privada con relación a ellos, cuando aseguran que arman y tergiversan los hechos, demostró el apego a la verdad que siempre ha caracterizado a los sobrevivientes y sus familiares".

Sobre los testigos ofrecidos para probar lo ocurrido, Schujman también hizo una consideración. "Queremos destacar que en este debate la defensa no tendrá la muletilla de todos los juicios respecto a que los sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención arman sus relatos para incriminar a sus pobres defendidos: en esta causa la mayoría de los testigos son gente 'común' a la que le tocó pasar por una cuadra, un camino en el momento de los hechos. ¿O acaso van a decir que el doctor Jorge Eldo Juárez (que era juez de instrucción en Rosario al momento de los hechos), por ejemplo, es un hombre de los organismos de derechos humanos, que cuenta lo que vivió complotado con no sé quien para perjudicar a los imputados? No, esta vez deberán buscar otro argumento".

Juárez declaró el 2 de septiembre pasado en la causa, y expresó que había entendido que se trataba de "una acción de la propia fuerza de seguridad" y que "era una privación de la libertad, no había dudas, por el movimiento, el uso de los vehículos, las armas y los testimonios, que hablaban de movimientos entrenados. Todo sonaba a una organización".

En la audiencia, la querella presentó la mitad de su alegato, que continuará el miércoles próximo, a las 10, en Oroño 940. Quienes quieran presenciarla, podrán asistir con su DNI. Después de las querellas, será el turno del alegato del fiscal Adolfo Villate.

En el público estaba Ethel Cambiaso, la hermana del "Viejo", como le decían sus compañeros. Schujman contó a Rosario/12: "Ethel me dijo que para ella había sido muy interesante poder escuchar todo eso pero también había sido muy movilizador, porque era revivir un montón de cosas. Todo el mundo debería hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de alguien que tuvo que estar 34 años sin saber qué pasó con su hermano ni encontrar justicia para él. Gladys y Ethel esperan morirse viendo condenados a los responsables del crimen de su hermano, algo que no pudieron vivir los padres de Cambiaso".