Aunque intentaron quitarle tensión, el proyecto para crear una oficina anticorrupción, dirigida por la segunda fuerza política más votada en las últimas elecciones municipales a cargos ejecutivos; en este caso el PRO, motivó un cruce entre los ediles que motorizan la iniciativa y el municipio. "Estamos generando un instituto inédito, porque todas las oficinas en el país funcionan dentro del Poder Ejecutivo, por eso nos planteamos que nadie puede controlarse a sí mismo", dijo el concejal Martín Rosúa (UCR), autor del proyecto e integrante del Frente Progresista. La presentación hizo ruido en el interbloque, y puso un interrogante sobre su futuro. Desde el Ejecutivo no le bajaron totalmente el pulgar a la creación de la oficina, pero prefieren una dirección más técnica. "Es complejo, justamente el antecedente que vemos en la Nación, la oficina anticorrupción ocupada por un cargo del mismo partido político que gobierna. Si vamos a avanzar en una oficina de este tipo, hay que dar el ejemplo, y en vez de politizar el tema hacerlo con criterio ético y suficiencia", lanzó el secretario de Gobierno, Gustavo Leone y se permitió una chicana. "No estamos relacionados con temas de corrupción, no estamos objetados por Panamá Papers, tampoco con acciones de Shell. Nos parece importante que esto tenga una lógica técnica y no política", apuntó.

Al proyecto, que fue presentado ayer oficialmente en el Palacio Vasallo por Rosúa y los concejales Alejandro Roselló (PRO) y Diego Giuliano (Rosario Federal), también lo acompañan la presidenta del cuerpo, Daniela León (UCR) y el vicepresidente primero, Carlos Cardozo (PRO). La agenda de la intendenta, que contemplaba su presencia junto con varios integrantes de su gabinete en el Monumento Nacional a la Bandera, quiso que se crucen brevemente con los impulsores de la iniciativa, requeridos por el móvil de un canal de televisión. El clima entre ellos estaba tan frío como el de la calle.

Por eso no extrañó que tras la explicación sobre el proyecto (ver aparte), varias preguntas al concejal Rosúa estuvieran relacionadas con el futuro del interbloque oficialista, en tiempos donde podría decidirse la conformación del bloque Cambiemos en el legislativo local. "Es el libre juego de la democracia, hasta ahora he acompañado en el cien por ciento a las decisiones al Frente, pero si considero que la creación de un instituto va a mejorar la calidad democrática, la transparencia, y evitar los casos de corrupción en Rosario, no tengo por qué no avanzar con eso por miedo a herir susceptibilidades", dijo Rosúa. "Si nos acompañan bien, y si no, daremos el debate político en las comisiones como corresponde", agregó el edil radical.

Investiguen a todos. "A lo largo de los últimos 25 años hemos dado muestras que el gobierno del Frente Progresista es sumamente transparente, por eso no hay nada en observar que haya una oficina que investigue, que analice las situaciones que tiene que ver con esos temas", dijo Leone. Tanto el funcionario como la intendenta recordaron que existe en el ámbito del Ejecutivo una oficina específica, que originalmente era la oficina de investigaciones administrativas, pero que a lo largo de los años se transformó en una oficina de transparencia.

"No conozco el proyecto en detalle, más allá de que promueve crear una oficina anticorrupción, pero creo que tiene que ser un área amplia, abarcativa, no puede ser un área que tenga una lógica de asignación de funcionarios en términos políticos. Si alguien tiene que estar ahí ocupando un rol, tiene que ser una persona que venga de un área técnica, con conocimiento, que gane por concurso y no que esté designada por una cuestión de orden político entre el oficialismo y la oposición", apuntó el titular de la cartera de Gobierno.

Leone consideró que "es importante que los concejales puedan hacer sus declaraciones juradas y publicarlas como lo hace el Ejecutivo, sería deseable también que en el Concejo se pueda analizar cuántos concejales tienen hoy estudios jurídicos que representan intereses particulares, muchas veces de situaciones que tienen que ver con trámites urbanísticos, de habilitaciones de locales bailables, que pueden estar alcanzadas por cuestiones relacionadas con la ética".