Según los autores del proyecto de Oficina Anticorrupción, que comenzará a debatirse la próxima semana, el organismo podrá recibir denuncias de los rosarinos o investigar de oficio ante una sospecha de corrupción respecto de funcionarios estatales, particulares y empresas privadas que tuvieren directa o indirecta relación con el Estado, sus proveedores, contratistas, concesionarios de obras o servicios públicos y todo aquel que pueda tener una relación parcial o permanente con el Municipio de Rosario, y aspirantes a procesos licitatorios. El proyecto estipula que el director tendrá un mandato de cuatro años. Su rango será de secretario a nivel municipal y deberá presentar anualmente un informe con todas las investigaciones, sumarios y propuestas realizadas.