Para evitar que la desaparición de Paula Perassi quede impune, la Fiscalía y la querella pidieron que se revoque el sobreseimiento del principal acusado Gabriel Strumia y de su mano derecha, Antonio Díaz, por el delito de homicidio. La decisión de dejar afuera esa calificación legal fue tomada por el juez sanlorencino Juan José Tutau, en marzo pasado. Hace un año, el magistrado procesó a Strumia, su esposa y la abortera Mirtha Rusñisky por el delito de "aborto seguido de muerte", que prevé una pena menor. El reclamo de la familia Perassi y de la fiscalía tiene que ver con que la imputación actual es "provisoria" y aseguran que cuando sea el momento del juicio ellos podrán pedir que se modifique, pero si se confirma el sobreseimiento por homicidio quedarán "cercados", debido a que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. La defensa pidió que la desvinculación sea confirmada. El camarista Carlos Carbone escuchó a las partes y resolverá en los próximos días.

En septiembre de 2012, cuando faltaban pocos días para que se cumpla el primer aniversario de la desaparición de la sanlorencina de 34 años, el entonces juez de la causa, Eduardo Filocco, procesó al empresario de transporte Strumia --amante de Paula, quien estaba embarazada de seis semanas como fruto de esa relación extramatrimonial-- y a su chofer Díaz, ambos acusados de haber trasladado a Paula desde su casa, la noche del 18 de septiembre de 2011, hacia la localidad de Timbúes, donde pretendían practicarle un aborto, pese a que ella se había negado el día anterior.

Luego de permanecer presos algunos meses, la Sala 1 de la Cámara Penal revocó el procesamiento y ambos recuperaron la libertad. Ese falló llevó a que la fiscalía se reorganizara para presentar nueva acusación: los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta comenzaron a trabajar juntos. Tras elaborar una nueva teoría del caso, el año pasado pidieron la detención de nueve personas: Strumia, su esposa Roxana Michl, Díaz, la sindicada abortera, el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol y los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez. Sin embargo, Tutau --quien ya había tomado la causa-- ordenó el arresto de todos, menos de Díaz, pese a que había sido reconocido por el mozo del bar de Timbúes donde estuvo reunido con Strumia y Paula el día anterior a la desaparición.

Fue en mayo de 2015 cuando el magistrado procesó a los tres civiles de aborto seguido de muerte y a los policías por encubrimiento agravado, ya que entorpecieron la investigación de búsqueda de paradero de la mujer. Tras ello, todos fueron liberados en agosto del año pasado, por el camarista Adolfo Prunotto, en un fallo cuestionado por falta de fundamentos.

Hace casi dos meses volvieron a prisión Strumia, Puyol, Michl y Rusñisky; mientras que los otros cuatro agentes de la fuerza quedaron en domiciliaria.

A principio de año, mientras sus clientes estaban todavía en libertad, los defensores de Strumia y Díaz --quien sigue libre pese al pedido de detención-- presentaron a Tutau el pedido de sobreseimiento fundado en aquel fallo de la Sala 1, que los desvinculó. El 9 de marzo pasado, el juez falló a su favor, y cerró la posibilidad de que los acusados vuelvan a ser juzgados por el delito de homicidio, cuando las sospechas de la investigación llevan a pensar que la mujer ya no está con vida. Por eso, su padre reclama "que digan qué hicieron con su cuerpo", y hace un pedido desgarrador: que le devuelvan "sus huesos".

Contra ese fallo, el fiscal de Cámara Guillermo Camporini y los querellantes, José Ferrara y Rodrigo Mazzuchini, apelaron ayer. "Apuntamos a que no se consagre la impunidad, porque esto causa un gravamen irreparable", reclamó Camporini. En ese sentido, apuntaron a que tanto la primera imputación (de 2012), como la del año pasado, "son similares en los hechos descriptos". La única diferencia radica en que la primera acusa a Strumia de "darle muerte mediante mecanismo no determinado"; mientras que la segunda habla del traslado a Timbúes donde "se le practica un aborto y posteriormente se produce la muerte".

Ante ello, Camporini y Ferrara plantearon que el momento procesal de presentar acusación es previo al juicio. "No nos cierren las puertas de la acusación por homicidio", reclamaron.